Los ayuntamientos de Agullent, Aielo y Bocairent continúan trabajando conjuntamente para atender el proyecto “Infraestructura interior de hidrógeno en España: tramo Montesa-Cartagena”. Desde que el pasado 16 de junio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comunicara a los consistorios afectados la iniciativa, los alcaldes de estas poblaciones de la Vall d’Albaida se han reunido en tres ocasiones para estudiar la incidencia en los respectivos términos.
En este sentido, Pau Muñoz, Juan Rafael Espí y Xavi Molina confirman que han presentado alegaciones a la consulta para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, un trámite abierto por el Gobierno de España y que finalizaba el pasado lunes, 14 de julio. “Hemos tenido que buscar un asesoramiento técnico externo, pero teníamos claro que no podíamos dejar pasar por alto la primera oportunidad que teníamos de hacer llegar la voz de los ayuntamientos en defensa de los intereses de nuestros pueblos”, señalan los primeros ediles.
Las alegaciones presentadas por Agullent, Aielo y Bocairent se centran en tres objetivos fundamentales: conseguir el mínimo impacto en el entorno, reducir la afección a las propiedades privadas y garantizar puntos de conexión en los municipios. Respecto de la primera cuestión, los ayuntamientos expresan la necesidad de definir un trazado que se base en criterios como la racionalidad territorial y el máximo respecto al medio ambiente. Además, se piden “condiciones de reposición del terreno” y “la restauración ambiental de las zonas afectadas por medio de revegetación”.
En cuanto a reducir la afección a la propiedad privada, los consistorios solicitan hacer un uso preferente de terrenos e infraestructuras de carácter público, para que sean afectados los menos particulares posibles. No obstante, en caso de hacerlo, quieren garantías para no fragmentar parcelas, no condicionar explotaciones agrícolas en uso y compensar debidamente a los titulares implicados. Igualmente, piden que las compensaciones tengan también una dimensión pública, con la compatibilidad con otros proyectos municipales o la mejora, por ejemplo, de los caminos rurales vinculados al trazado.
Por último, Muñoz, Espí y Molina coinciden en una reivindicación: “No podemos permitir que nuestros municipios sean solo estaciones de paso”. Por eso, las tres localidades exigen que el proyecto contemple “puntos de conexión de hidrógeno en el término municipal”, vinculados principalmente a los respectivos polígonos industriales. Y es que, tal y como señala el escrito de alegaciones respecto de esta cuestión, la finalidad es poder “beneficiarse directamente de la infraestructura, en términos de desarrollo económico, transición energética y equilibrio territorial”.