La Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (COEVAL) celebraba este mes su Junta Directiva en Albaida. La patronal comarcal ha aprovechado la reunión para dar a conocer sus reivindicaciones ante las próximas elecciones del 23 de julio. La reunió contaba con la asistencia del alcalde de Albaida, Alejandro Quilis y el concejal de Promoción Económica, David Palací.
En cuanto a las reivindicaciones, COEVAL expuso que pymes y autónomos se están encontrando en su día a día "con serias dificultades para hacer frente a la avalancha de obligaciones que se imponen por parte del legislador, además de los complicados retos que tienen que afrontar procedentes de una globalización muy a la medida de las grandes empresas". Con todo ello, para poder competir deben hacer un gran esfuerzo en todos los ámbitos para continuar su actividad y mantener los puestos de trabajo, esfuerzo que necesita de financiación y liquidez en condiciones adecuadas. En este sentido se solicita a la administración pública "el anticipo del 50% de la financiación de aquellos proyectos que han obtenido una resolución aprobatoria de subvención o ayuda".
Por otro lado, se solicita la reducción y agilización de las cargas burocráticas en todas las administraciones, para acelerar muchos trámites y procedimientos que facilitarían proyectos de inversión que actualmente padecen retrasos y paralizaciones insostenibles. Por ello, se pide que el silencio administrativo, tras cumplirse los plazos legales previstos para que la correspondiente administración resuelva la solicitud planteada, se considerase de forma general como positivo, "dado que el solicitante no puede ser el perjudicado de la falta de diligencia y agilidad administrativa, más incomprensible que nunca con los avances tecnológicos que hoy existen, y que sí son utilizados de forma eficaz por la administración, concretamente en temas de exigencia tributaria a ciudadanos y empresas". Otra medida importante en la misma dirección es la extensión en lo posible de la declaración responsable como mecanismo para impulsar solicitudes a las administraciones.
También se solicita la modificación de las cuantías de los contratos menores, ya que es una vía importante de trabajo en proyectos de pymes y autónomos en colaboración público-privada, cuestión regulada en la legislación estatal de contratos. Así, se solicita concretamente que los de suministros o servicios se eleven hasta 50.000 € (actualmente son hasta 15.000 €) y los de obra hasta 100.000 € (actualmente son hasta 40.000 €), para llevar a cabo más proyectos públicos-privados con más agilidad.
En referencia también a los contratos y concursos públicos que llevan a cabo todas las administraciones, especialmente las locales, se pide que se priorice la proximidad de las empresas a los territorios de la administración licitante, de cara a poder optar con más posibilidades pymes y autónomos, y que se valore en los pliegos con más peso la proximidad, el conocimiento del entorno y la facilidad para prestar con más celeridad los servicios y mantenimientos que se necesiten. "Los pliegos actuales ponderan en exceso el precio, y no dan el valor que merecen a las empresas del territorio que, por proximidad, son las que mejor conocen y se pueden adaptar a las necesidades y realidades, también en precios, de su territorio. La consecuencia es que muchos contratos quedan desiertos o que las empresas locales quedan como meras subcontratistas de grandes empresas que, con ofertas de bajas casi temerarias, son las adjudicatarias", explican desde COEVAL.
