La Plataforma por la Reindustrialización Territorial, integrada por la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (COEVAL), la Federación Empresarial de L'Alcoià-Comtat (FEDAC) y la Asociación de Empresarios Foia de Castalla (IBIAE), ha mantenido una reunión de trabajo en Ontinyent, en concreto en la sede de COEVAL.
En la misma se coincidió en abordar por los representantes de la Plataforma una situación que preocupa a pymes y autónomos del territorio de la Plataforma, al igual que ocurre a nivel autonómico y nacional, en concreto, las dificultades que están encontrando en su día a día para hacer frente a la avalancha de normativa y obligaciones que se les imponen por parte de los legisladores de las muchas administraciones existentes, las cargas burocráticas impuestas por estas y a la vez su falta de agilidad en las resoluciones de las solicitudes que les plantean pymes, autónomos y ciudadanos en general. A todo ello deben añadirse los complicados retos que pymes y autónomos tienen que afrontar procedentes de una globalización muy a la medida de las grandes empresas. 
Así, las pymes y autónomos de las comarcas de la Vall d'Albaida, l'Alcoia-El Comtat y la Foia de Castalla están haciendo un gran esfuerzo en todos los ámbitos para continuar su actividad y mantener los puestos de trabajo. Uno de los problemas con los que se enfrentan todos los sectores es la falta de personal, que únicamente se atenúa en parte por el número de inmigrantes que están trabajando y aportando con ello al bienestar y progreso general, por ejemplo, para el mantenimiento de pensiones futuras. 
Al mismo tiempo las pymes y autónomos se están enfrentando también a otro grave problema, las altas tasas de absentismo laboral, que dificultan mucho el mantener su actividad, con el consiguiente perjuicio que supone a las arcas públicas la pérdida de empresas y puestos de trabajo. Un problema que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la mutua Umivale Activa en un estudio analizaban. Este estudio, con datos de 2018 a 2023, cifraba el impacto económico del absentismo por incapacidad temporal en el año 2023 en 7.100 millones de euros en la Comunitat Valenciana. Según el Estudio las jornadas perdidas en esa anualidad por incapacidad temporal en la Comunitat Valenciana supusieron el 5,3% del total de las jornadas anuales, una cifra que ha aumentado respecto al 3,8% de 2018, tendencia al alza del absentismo que se mantiene actualmente, ya que el absentismo por incapacidad temporal ha aumentado significativamente. Las bajas de larga duración y los problemas de salud mental son factores clave que explican el incremento. Así, la duración media de las bajas en la Comunitat Valenciana es sensiblemente superior a la nacional: 49 días frente a los 38 días del conjunto nacional.

Todo ello plantea un panorama socioeconómico que ocupa y preocupa a las asociaciones que forman parte de la Plataforma y por extensión al resto de asociaciones empresariales y de autónomos tanto autonómicas como nacionales.

Finalmente, la Plataforma pide a las administraciones, en el ámbito de sus competencias,  cambios legislativos, que se dirijan también a combatir la economía sumergida, y cambios de funcionamiento, impulsando con hechos y no palabras la aplicación de políticas de  colaboración público-privada, tal como ocurre en otros países de Europa, cambios que como se ha demostrado en otros temas es posible realizar si se quiere con celeridad, ayudando por medio de ellos a que autónomos y pymes tengan no las trabas y dificultades con las que hoy se encuentran, sino las mejores condiciones posibles para su crecimiento y por ello de sus trabajadores, visualizándose y valorándose en su justa medida las aportaciones socioeconómicas de estas, que representan el 94% de nuestro tejido empresarial, ya que solo así se puede tener futuro como sociedad y como país. Cabe recordar que las empresas existentes en España generan el 87% del PIB (con todo lo que ello supone para el mantenimiento de los servicios públicos) y el 85% del empleo. Además, son las protagonistas del 89% de toda la inversión realizada en España.