A partir del próximo jueves, los afectados por expedientes urbanísticos podrán recibir asesoramiento en la oficina creada por el Ayuntamiento de Ontinyent expresamente para atender estos casos. 
En esta oficina trabajarán un arquitecto y un abogado externos que analizarán caso por caso, les asesorarán e informará de las posibles soluciones para regularizar cada caso. 
En la actualidad, explican fuentes consultadas, son tres los grandes bloques en los que se puede agrupar los casos de infracciones urbanísticas. En primero de ellos es el de las construcciones en suelo no urbanizable. Para estos casos, se diseñó un plan de minimización de impacto territorial, que les da de tiempo hasta enero de 2018.
En segundo lugar, las construcciones en suelo urbanizable, se acogen a lo que se estableció en los planes parciales. Así según estos planes, se requiere a los propietarios sobre los que pesa alguna infracción que manifiesten su voluntad de legalizar su propiedad. En este caso, la sanción se paraliza y cuando se ha ejecutado esa regularización, la sanción se reduce de manera que sólo tienen que pagar entre un 2% y un 6%. Esta reducción de las sanciones ha sido posible gracias a un cambio en la LOTUP (Ley de ordenación del Territorio, urbanismo y Paisaje), un cambio legislativo en el que desde el consistorio de Ontinyent se trabajó e insistió para que fuera aprobada.  En el  momento de aprobación de este cambio en la LOTUP, a finales de diciembre de 2015, eran alrededor de 40 los casos de ontinyentins expedientados por irregularidades en suelo urbanizables, según explicó el consistorio en su momento.
El tercer grupo de casos son los de construcciones en suelo protegido, para los que la ley no contempla soluciones, pero sí que se les permite fraccionar el pago de la sanción.
Hay que tener en cuenta que las sanciones o infracciones no siempre se refieren a las propias viviendas, sino que en ocasiones han sido originadas por una piscina, un muro, un paellero, etc. 
Dado que la diferente casuística es importante, apuntan fuentes consultadas, el poder recibir un asesoramiento personalizada para lograr una solución a cada caso, unos trámites que se deben realizar sin demora, puesto que la ley marca unos plazos para poder regularizar, de lo contrario, el proceso sancionador continuaría su curso.
Para poder recibir ese asesoramiento es necesario que los interesados previamente soliciten cita previa.