El desinterés de la propiedad de un edificio catalogado como protegido en el ordenamiento municipal ha motivado que el Ayuntamiento de Ontinyent haya tenido que ejecutar una actuación de emergencia para garantizar su estabilidad. Concretamente, se trata de el edificio situado en la calle Santa Rosa, nº24, un edificio de 1880 de tres alturas, del que destaca el escudo nobiliario de piedra en la fachada.
El colapso de la cubierta el pasado mes de junio provocó el desalojo de los vecinos del inmueble situado frente a esta casa, por el peligro existente. Además, el Ayuntamiento tuvo que actuar de urgencia. Dado que la propiedad se ha desentendido del cumplimiento de las órdenes municipales de reparación de los desperfectos, el consistorio activó los trámites para asumir la ejecución subsidiaria de los trabajos urgentes de la vivienda abandonada.
Así, la intervención incluyó el derribo controlado de las partes de la cubierta que quedaron colgando, la retirada de escombros acumulados en la escalera, el apuntalamiento de la estructura de madera y la colocación de una estructura provisional con perfiles de acero para sostener una cubierta de plancha y proteger el tramo de cubierta hundida. Los trabajos tuvieron un coste de 20.000 euros, que ahora son objeto de publicación para que todas las personas propietarias, algunas de las cuales no ha podido ser localizada, tengan constancia.
El edil de Territorio, Óscar Borrell, explicaba que “se trata de una más de las actuaciones integradas dentro del Plan de Choque puesto en marcha por el Ayuntamiento de Ontinyent para frenar la degradación de inmuebles en el centro histórico”. El plan supone el aumento de las inspecciones, con el uso de drones para revisar las cubiertas en mal estado. Una acción que se puso en marcha tras las precipitaciones de la primavera de 2022, que aceleraron el proceso de degradación de algunos inmuebles y que sirvió en 2022 para dictar 42 órdenes de ejecución para derribar casas en el casco antiguo, en los barrios de la Vila y Poble Nou. En 10 de estos casos, el Ayuntamiento tuvo que actuar de manera subsidiaria al no atender sus propietarios los requerimientos enviados por la administración. Estas actuaciones subsidiarias supusieron un importe de 350.371 euros, que el Ayuntamiento avanzó para evitar cualquier peligro en la vía pública.
