Hacía meses que se venía apuntando que la instrucción del caso Alquería estaba casi terminada y por tanto, estaba cerca el momento en el que el juez debía decidir si aceptaba la solicitud de absolución que pedían las defensas o si seguía el caso adelante. El titular del juzgado de Instrucción nº9 de Valencia ha decidido incoar procedimiento abreviado, para Jorge Rodríguez y el resto de investigados, lo que acerca a todos ellos a la celebración del juicio. El juez también da traslado al fiscal para que presente su escrito de calificación de los hechos.
Según fuentes del TSJCV, el magistrado, que da así por concluida la investigación, aprecia indicios de delitos continuados de malversación y prevaricación en la actuación de los encausados y cifra en 1.122.095 euros el perjuicio generado a las arcas públicas.
“En el caso que nos ocupa, se ha infringido, presuntamente, este ejercicio de legalidad y mandato, en la cabal y correcta aplicación de los fondos públicos encomendados a las autoridades o funcionarios públicos”, explica en un auto notificado este miércoles a las partes.
En concreto, el instructor señala una “contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos más otros dos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018”.
Dichas contrataciones -añade el instructor- supusieron “un presunto desvío y con ello malversación de caudales en favor de unos particulares, y más aún, y presuntamente, por puros intereses de índole partidista, en ese reparto de cargos entre los dos partidos en el poder, PSOE y Compromís”.
Se pone así final a una investigación que ha durado dos años y medio, que se destapó el 27 de junio de 2018. Los investigados contra los que se sigue el procedimiento son, además del expresidente de la Diputación, sus entonces asesores Ricardo Gallego y Manuel Reguart; el que fuera secretario-letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los exgerentes de Imelsa (luego denominada Divalterra) José Ramón Tíller, Vicent Xavier Simón y Agustina Brines.
El magistrado considera que los contratos de alta dirección se realizaron con la intervención de los gerentes de la empresa pública “y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio presidente de la Diputación Provincial y presidente del Consejo de Administración de Imelsa y de su equipo más cercano”.
La causa se dirige también contra siete de los altos directivos contratados, quienes, de acuerdo con la investigación realizada, no cumplían los requisitos para acceder a esos cargos ni ejercieron nunca como tales, explican fuentes del TSJCV.
En cambio, el instructor ha decretado el sobreseimiento de las diligencias respecto de otro alto directivo que presentó su carta de renuncia al puesto apenas unos días después de ser nombrado.
El auto, que puede ser recurrido tanto en reforma como en apelación, establece un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.
