El pleno de ayer jueves aprobó tres solicitudes de declaración de situación individualizada de minimización del impacto territorial. Es el paso inicial que las modificaciones en la LOTUP (Ley Urbanística) aprobadas en 2019 permiten para que las viviendas que se encuentran en suelo no urbanizable puedan regularizar su situación si cumplen una serie de requisitos, siempre que las viviendas estuvieran terminadas antes de agosto de 2014.
Así, una vez admitida a trámite esta solicitud por el pleno, las viviendas deberán cumplir los requisitos que marca la ley y será la Agencia Valenciana del Territorio, organismo que aún no se ha creado, el encargado de terminar el proceso de legalización. Se espera que este organismo vea la luz en breve.
Fuentes consultadas explican que a las tres viviendas sobre las que se aprobó ayer la solicitud, hay que sumar otras diez a las que ya se les admitió la solicitud a principios de año, por lo que serán en total 13 las que se puedan acoger a esta nueva normativa.
La admisión a trámite, explican fuentes consultadas, supone la paralización de las sanciones económicas y de las órdenes de derribo.
El pleno de ayer jueves, por otra parte, rechazó dos solicitudes porque las viviendas no cumplían las condiciones que marca la ley para acogerse a este proceso.
