El Partido Popular de Ontinyent ha vuelto a poner el foco en los problemas que presenta el servicio de ayuda a domicilio, al tiempo que advierte de que la situación que sufren muchas familias y trabajadoras “es preocupante”, por lo que exige al Ayuntamiento “soluciones reales e inmediatas”. Los populares remarcan que ya en el pleno ordinario del 24 de septiembre su concejal, Carmen Cambra, formuló una batería de preguntas, las cuales no obtuvieron respuesta, porque el gobierno acostumbra a responderlas el siguiente pleno ordinario. Con esto, hizo visible una serie de problemas que continúan arrastrándose desde hace meses, y a los que no se han dado posibles soluciones.
“Queríamos conocer cuántos usuarios están siendo atendidos y cuántos auxiliares hay en la zona 3, donde ya funciona la empresa adjudicataria, y sobre todo si se está cumpliendo la ratio de personal”, recuerda Cámara. “También preguntamos por qué hay personas que tienen aprobadas más horas de atención a domicilio a raíz de una nueva valoración de su dependencia, algunas desde hace más de seis meses, y todavía no reciben el servicio completo. Esto pasa en las zonas que continúan con la gestión directa del Ayuntamiento, donde el problema es la falta de personal”.
Cambra considera “incomprensible que, mientras se prorrogaban once contrataciones de auxiliares hasta el 31 de diciembre, no se haya reforzado la plantilla para cubrir bajas, vacaciones o días de asuntos propios. Podemos llegar a situaciones en que, si varias trabajadoras cogen vacaciones al mismo tiempo o hay bajas, el servicio quede descubierto y sean las personas dependientes las que paguen las consecuencias”.
La edil popular también interpeló al gobierno sobre la previsión para la licitación de las zonas 1 y 2, y sobre el cumplimiento del principio de proximidad, puesto que “la empresa adjudicataria tendría que tener la sede a la zona donde presta el servicio, y esto no está pasando”.
Para los populares, es importante recordar que “la externalización del servicio no fue un capricho, sino una demanda del propio departamento de Servicios Sociales, que advertía de las dificultades de la administración pública para cubrir bajas y vacaciones con la rapidez que requiere un servicio tan esencial y también para ofrecer mejoras que lo el ayuntamiento no podía prestar", explica Cambra. “El problema no es externalizar, sino hacerlo adjudicando el contrato a una empresa que ya presentaba deficiencias graves en otros lugares. El Ayuntamiento tendría que haber sido igual de riguroso que cuando descartó a una empresa para el contrato de impresores municipales porque ya había dado un mal servicio técnico. ¿Por qué allí sí que se detectó y aquí no?”, se pregunta.
La concejal denuncia también “el malestar de muchas trabajadoras, que han sufrido retrasos en el cobro de nóminas, algunas ni siquiera han firmado todavía el contrato, no se registran correctamente las horas extra e incluso han tenido que comprar ellas mismas material sanitario básico para poder trabajar. Además, la empresa no cuenta con un coordinador presente en la zona para dar soluciones rápidas a los problemas que vayan surgiendo día a día, ni para ejecutar correctamente los PIA (Programa Individual de Atención)”.
