El presidente del PP provincial, Vicente Mompó; el senador Fernando de Rosa, y la diputada Verónica Marco, junto a la portavoz local, Mercedes Pastor y el candidato a la alcaldía de Ontinyent, Rafael Soriano, han denunciado hoy en Ontinyent lo que entienden que es un abandono de los servicios de justicia en Ontinyent y que "termina originando es un mal servicio para la ciudadanía y para nuestras comarcas". Mompó explicaba que "aunque centralizar puede ayudar a organizar recursos y profesionalizar los servicios, pero no podemos estar por el municipalismo y contra la despoblación y ahora a nivel autonómico que pueden dispersar servicios, que vengan con la historia de si es rentable o no lo es".
La diputada Verónica Marco, por su parte, recordaba que en 2018, Gabriela Bravo y Ximo Puig anunciaron "a un año de las elecciones, su famoso plan 'la nueva cara de la Justicia', pero ha sido la cara falsa de la Justicia o los incumplimientos en materia de Justicia. En el caso de Ontinyent, anunciaron un nuevo palacio de Justicia, que por lo visto, se les ha olvidado, porque en 2020 el Ayuntamiento cedió la fábrica de Bernabeu, que previamente había adquirido y desde marzo de 2020, hasta noviembre de 2022 no adjudicó la redacción del proyecto". Marco detallaba que "si empezaran las obras mañana, en el mejor de los casos, podría estar en 2025, cuando se supone que a finales de 2021, principios de 2022 tenía que haber sido una realidad".
El senador popular Fernando de Rosa, se preguntaba "cuál es la propuesta de la conselleria de Justicia para defender a las mujeres en materia judicial. Hemos visto que la conselleria de Justicia ha eliminado servicios en esta materia y ocho partidos judiciales de la Comunitat se han quedado sin competencias en materia de violencia contra la mujer". De Rosa iba más allá y pedía a Gabriela Bravo que defienda expresamente el mantenimiento en Ontinyent del juzgado de violencia de género, porque, según el senador, "las noticias que tenemos del Ministerio de Justicia es que la consellera Bravo ha pedido que se quiten las competencias en violencia de género a Ontinyent y se le devuelva a Xàtiva. Queremos una contestación ya".
De Rosa se mostraba contrario a la decisión de que 8 partidos judiciales de la Comunidad Valenciana hayan perdido competencias para atender a las mujeres y defiende que "cada partido tenga su juzgado especializado. No queremos que se centralicen, porque las mujeres cuando sufren violencia no deben estar desplazándose en taxi a otra ciudad. Eso es victimizar a las mujeres. La justicia y la atención a las mujeres maltratadas no se puede valorar por su coste económico, sino que es una obligación moral darles el mejor servicio posible, y eso incluye que no tengan que ir en taxi de un sitio para otro".
