La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y otros nueve encausados (de un total de 15) contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción 9 en el marco del denominado ‘caso Alquería’.
El Tribunal entiende que “el auto recurrido está suficientemente motivado, ya que realiza un relato fáctico suficiente a los efectos de determinar los posibles hechos que se consideran típicos”, al tiempo que “identifica a las personas contra las que se dirigía el procedimiento”.
La Sala confirma así que las alegaciones expuestas por los recurrentes han de ser dirimidas en la fase de juicio oral “conforme a los principios de oralidad, contradicción e inmediación”.
Las defensas de l'ex presidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez y sus colaboradores consideran que la resolución de la Audiencia sobre el caso Alqueria es "lo esperado" después de una instrucción del caso en la que ha primado "la indefensión" y un relato "tendencioso y parcial" de los hechos, en el que los acusados no han tenido la oportunidad de demostrar su inocencia.
La Audiencia, sostienen, se ha limitado a repetir los argumentos de la acusación, sin analizar la cuestión de fondo y tampoco ha tenido en cuenta ninguna de las pruebas aportadas a la causa por las defensas, dando por bueno el relato del fiscal y la UDEF. "Hasta tal punto es así que sigue repitiendo que no existen informes favorables o contradictorios, cuando de los 11 informes sólo hay dos que se oponen claramente a las contrataciones", al tiempo que se omite que el principal informe interno, el del director de los servicios jurídicos José Luis Vera, de 14 de junio de 2016, era favorable a mantener las contrataciones hasta que se clasificara la empresa, como así se hizo en septiembre de ese mismo año.
Al mismo tiempo, recuerdan que el citado informe se realizó a instancias del presidente Rodríguez tras ser alertado por el entonces cogerente Víctor Sahuquillo de las dudas sobre la legalidad de dichos contratos de alta dirección. El informe de Vera dio luz verde a los contratos por "mero principio de prudencia", según consta en el informe.
Estas mismas fuentes reconocen que sorprende que en la resolución de la Audiencia se insista en que las personas fueron contratadas para puestos "ficticias" cuando las pruebas aportadas por los empleados de su trabajo efectivo y diario ocupan varios tomos del sumario.
Desde el entorno del ex presidente de la Diputación recalcan que, como se ha visto tres años después, la alternativa a una estructura directiva para gestionar la empresa era su "liquidación y la incertidumbre de los trabajadores". Al mismo tiempo, insisten que resulta "inaudito" que un fiscal y un juez se inmiscuyan en decisiones de oportunidad política o empresarial y no se limiten a señalar la legalidad o no de los contratos, una cuestión meramente administrativa, y añaden que, después tanto sufrimiento, el interés público no se ha visto beneficiado en nada porque "desde la operación Alquería todo ha ido a peor en Divalterra".
