La situación actual del partido judicial de Ontinyent queda muy crudamente reflejada en el informe elaborado por el delegado del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) en Ontinyent, Rafael Ortiz Mora. Así, el Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado a todos los colegios de abogados que informen sobre sus partidos judiciales para poder conocer las necesidades en materia judicial en los distintos territorios.
El informe realizado por la delegación del ICAV en Ontinyent, ha sido elaborado a partir de las aportaciones y comentarios de los letrados y procuradores que ejercen en Ontinyent y conocen perfectamente el día a día del funcionamiento de la Justicia en este partido. La descripción que define la situación, según este informe, es de "atasco monumental, nunca visto en mis más de 36 años de ejercicio de esta demarcación", expone Rafael Ortiz.
Como ejemplos de este atasco, cifra los más de 1.000 escritos por proveer, lo que se considera que "teniendo en cuenta que la demarcación abarca 80.000 personas, es una cifra verdaderamente alarmante", expone.
A ello hay que sumar el tiempo que se tarda por parte del decanato en registrar y repartir los asuntos. Toda esta situación provoca que haya demandas que tardan un año en registrarse e incoarse, denuncia el informe, que también añade que hay "sentencias por dictar en asuntos cuya vista se ha celebrado más de ocho meses antes" e incluso en el juzgado nº4, detalla Rafael Ortiz, hay procedimientos que llevan dos años sin dictar sentencia tras dos años desde su celebración.
El informe también denuncia que en el juzgado nº1 de los 4 funcionarios que llevan los asuntos en materia civil, dos están de baja y no se cubren sus puestos.
Otro ejemplo de la parálisis son procedimientos de incapacidad que llevan 3 años sin proveer.
Los problemas de no tener fiscal en plaza
Otro problema que apunta el informe es que al carecer de un fiscal en plaza, hay asuntos que deberían tramitarse rápido, como un divorcio de mutuo acuerdo, que llegan a retrasarse hasta tres meses. El trámite es que desde Ontinyent se remite el expediente a la Fiscalía de Valencia, que a su vez lo remite a Alzira, donde el fiscal informa, lo devuelve a Valencia y de la capital, lo envían a Ontinyent.
El hecho de no tener fiscal en plaza hace que coincidan la celebración de juicios rápidos en el juzgado 3 con los juicios por delitos leves, para así aprovechar la presencia del fiscal, pero ello provoca que los juicios rápidos no empiecen hasta que terminen los juicios por delitos leves, lo que causa retrasos y mucha incertidumbre en las agendas de los letrados, víctimas y resto de intervinientes. En muchos casos, estas esperas se producen en la calle, denuncia el informe, debido a la carencia de unas instalaciones adecuadas.
Un ejemplo de la falta de espacio es la sala de vistas del juzgado nº3, de tan limitado espacio, expone Rafael Ortiz en su informe, que solo caben 5 personas. Además, la sala de vistas limita, pared con pared, con el calabozo, de manera que, denuncia Rafael Ortiz, el detenido escucha perfectamente la declaración que previamente ha prestado la víctima o el denunciante. Unas víctimas que tienen que esperar en una sala sin luz natural ni ventilación.
Piden crear el juzgado nº5 para los casos de violencia sobre la mujer
En el apartado de necesidades, el informe deja clara la necesidad de agilizar el proceso para tener el nuevo palacio de Justicia cuanto antes. En segundo lugar, pide tener un fiscal en plaza para evitar la lentitud a la hora de tener informes y las largas esperas los días de juicio. En tercer lugar, dotar a los juzgados del personal de apoyo necesario, tanto funcionarios como jueces y letrados de la Administración de justicia, para desatascar el colapso. En este sentido, el informe pide que cuando un funcionario caiga en situación de incapacidad temporal o permiso, la sustitución sea más rápida.
El informe pide también la creación de un juzgado exclusivo para casos de violencia sobre la mujer, que sería el juzgado nº5, así como la creación de un sexto juzgado, que sería un Juzgado de lo Penal.
Además, propone separar los asuntos civiles (juzgados de primera instancia) de los penales (juzgados de instrucción) como manera de agilizar la tramitación de asuntos.
