Las Cortes Valencianas han aprobado esta semana algunas modificaciones en la LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana) que suponen soluciones para aquellas viviendas que se encontraban fuera de ordenación.
Así, según explicaron los concejales Rebeca Torró y Jaime Peris, con los planes parciales en suelo urbanizable y los planes de impacto ambiental en suelo no urbanizable, se abría la posibilidad a regularizar una parte importante de viviendas del diseminado. Ahora bien, aún quedaban otras, las construidas en suelo no urbanizable, que quedaban fuera de ordenación y muchas de las cuales ya habían tenido sanciones e incluso órdenes de demolición.
Con la modificación de la ley aprobada esta misma semana, se crea un nuevo artículo, el 211 bis, que para las viviendas ya existentes en suelo no urbanizable permite solicitar un plan de minimización del impacto ambiental de manera individualizada. Así, según explicaron los concejales, una vez entre en vigor la modificación de la ley, los afectados tendrán que dirigirse al Ayuntamiento, acreditar que no han podido acogerse a ninguna de las otras dos opciones para regularizar su vivienda y cursar la solicitud de legalización individualizada. El pleno será el que decida al respecto, tramitará la solicitud y establecerá las condiciones mínimas de urbanización que deberán cumplir.
Dado que en esta situación se encuentran algunas viviendas con sanciones, incluso con órdenes de demolición, también se modifica el artículo 255, párrafos 8 y 10, para establecer que si se ha acogido a esta nueva opción de minimización individualizada, también se podrá solicitar la suspensión de la sanción durante 3 años, ya sea económica o de derribo, mientras se tramita toda la documentación para llevar a cabo la regularización a través de la minimización individualizada. “Es un balón de oxígeno muy grande”, calificó ayer en rueda de prensa Rebeca Torró, porque hasta ahora, cuando un propietario de una vivienda en suelo no urbanizable quería legalizarla, no había instrumentos legales que lo permitieran, destacó la edil.
A partir de ahora, el Ayuntamiento va a solicitar informes, tanto internos como externos, para que aporten información sobre cómo debe ser todo este proceso y que se desarrolle de la manera más segura para la ciudadanía, destacó el concejal Jaime Peris.
Hay que tener en cuenta que la solución de planes de minimización del impacto ambiental no sólo sería aplicable a las viviendas fuera de ordenación, sino que también se podrían acoger a esta nueva opción aquellos propietarios de viviendas en suelo urbanizable que no quieran acogerse a las unidades de ejecución.
En Ontinyent hay entre 10 y 20 viviendas situadas en suelo no urbanizable con sanciones que podrían acogerse a esta modificación de la ley. De hecho, en el mes de septiembre la Audiencia Provincial decretó el derribo de una vivienda del diseminado de Ontinyent. Según detalló Jaime Peris, actualmente, esta vivienda se encuentra en uno de los 16 núcleos que se están tramitando, por lo que el consistorio así lo ha comunicado a la Audiencia Provincial, que ha dado un plazo de tiempo para saber si finalmente esta vivienda termina legalizándose, caso en el que el Ayuntamiento no exigiría la demolición, según explicaron los concejales Jaime Peris y Rebeca Torró.
Un aspecto importante es que mientras que la ley ahora ofrece una nueva herramienta para regularizar las viviendas ya existentes en suelo no urbanizable, endurece las condiciones y sanciones en el caso de que alguien inicie la construcción de casas en este tipo de suelo.
Diez años para encontrar esta solución
La concejal Rebeca Torró explicó el recorrido que ha llevado a conseguir esta nueva opción de regularización de viviendas en suelo no urbanizable. “Desde ya hace diez años veníamos diciendo que la solución al problema del diseminado pasaba por adaptar la ley desde la seriedad y la legalidad”. Rebeca Torró criticó que en los años en los que el PP tenía mayoría absoluta en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento de Ontinyent “no fueron capaces de dar una solución”. Ya en el gobierno de Ontinyent, en la pasada legislatura, Rebeca Torró explicó que en sus conversaciones con el entonces director general Juan Giner, éste le reconocía que había que encontrar una solución, “pero su jefa, la entonces consellera Bonig no quiso dar esa oportunidad a las personas que se encontraban en esta situación, que no afectaba solo a Ontinyent, sino también a otras muchas localidades”.
Con el cambio de gobierno en la Generalitat, destacó Rebeca Torró, “hubo una mayor predisposición a solucionar el problema”. Así, se aprobó una enmienda a la LOTUP que afectaba al procedimiento sancionador, por la cual se podían bonificar las sanciones económicas si se cumplían unos requisitos de urbanización.
Así, quedaba la segunda parte, la más compleja, que era encontrar una solución legal a las viviendas existentes en suelo no urbanizable. La modificación se aprobó este miércoles en Les Corts, unas modificaciones en las que el PP se abstuvo y Ciudadanos votó en contra, criticó Rebeca Torró.
