El pleno del Ayuntamiento de Ontinyent aprobaba en su última sesión la nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida como 'plusvalía', que grava la compraventa de inmuebles en la localidad.
La nueva ordenanza, aprobada por unanimidad, se ha llevado a cabo atendiendo a los cambios en la legislación general del Gobierno de España, que introduce, entre otras cosas, modificaciones en el sistema de cobro.
La concejal de Hacienda, Natalia Enguix, explicó que la nueva ordenanza cuenta con diversas modificaciones favorables al contribuyente, como el hecho de que en caso de que se incremente el valor o haya una devaluación, no se aplique el impuesto; o que en caso de incrementarse el valor se haga el cálculo más beneficioso para el contribuyente.
Aunque en principio los cambios podrían reducir la recaudación municipal, Enguix explicaba que no se prevé una disminución importante de los ingresos previstos en el presupuesto de este año en este concepto debido al aumento de las transacciones inmobiliarias derivadas de la mejora de la situación económica, que está superando las previsiones iniciales.
Así, se mantiene la cantidad de 520.000€ prevista en el presupuesto de este año, un 8% superior a la proyectada en 2021, gracias al incremento en la compraventa de viviendas registrada el pasado ejercicio, que se añade al aumento de las licencias de obra para la construcción y reforma de inmuebles.
Otro factor que contribuye al mantenimiento de los ingresos municipales es otra de las novedades de la ordenanza, en el punto que se concreta que a partir de ahora también tributarán las operaciones en las cuales transcurra menos de un año entre la adquisición y la transmisión del inmueble. Las personas propietarias dispondrán de un período de 10 días para hacer alegaciones desde el momento en que el Ayuntamiento les comunique la liquidación.
Por otra parte, Natalia Enguix explicaba que el Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones del 95% en la plusvalía a los propietarios de viviendas de la calle Canterería, donde se prevé demoler las viviendas que está adquiriendo el consistorio para crear una zona inundable.
