El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado el derribo de 4 viviendas al barrio del Poble Nou dentro de su Plan de Saneamiento de núcleos antiguos, que afecta ya a más de 150 viviendas entre declaraciones de ruina y órdenes de ejecución. El objetivo general de estas actuaciones, recordaba el concejal coordinador de Territorio, Jaime Peris, es “aumentar la seguridad y esponjar el casco histórico, y en este caso concreto, conseguir además un solar para hacer posible la creación de la futura plaza que está prevista en el planeamiento urbano”, destacaba. 
Esta actuación, presupuestada en 46.000 euros, supondrá el derribo de las viviendas de la Calle Santa Rosa 1, la calle del Cantalar de Sant Vicent 5 y 7 y la calle Cantalar de Sant Carles 36. La intervención fue aprobada por la Junta de Gobierno del pasado 24 de febrero y antes en un dictamen de la Comisión de Asesoramiento del Patrimonio Histórico del 25 de enero donde están presentes todos los grupos políticos municipales, técnicos y representantes vecinales.
El concejal de Territorio mostraba su sorpresa “por algunas criticas apresuradas que se han hecho al respecto a través de las redes sobre una inacción que en realidad se todo el contrario. Criticas que dejan evidencia o bien un grado enorme de desinformación sobre una intervención que desde un primer momento es pública, o bien una voluntad manifiesta de confundir a los vecinos. En cualquier caso, la ciudadanía puede estar tranquila porque esta es una actuación planificada, prevista y que ha seguido todos los trámites preceptivos, y que además se hace en una intención muy clara, que es seguir mejorando nuestros barrios”, manifestaba.
Jaime Peris recordaba que sólo en 2016 el Ayuntamiento destinó más de 300.000 euros a actuaciones de este tipo, “una cifra que muestra claramente cuál es la voluntad del gobierno municipal de atender un problema muy complejo, que comporta numerosos trámites administrativos e, incluso, judiciales. Peris recordaba que estos trámites se encuentran también con las dificultades que plantean algunos propietarios “que ni arreglan las viviendas a pesar del peligro que representan ni facilitan la reparación de los inmuebles por parte del ayuntamiento”, manifestaba.