Se ha tensado demasiado el hilo. El miedo y la inseguridad se han apoderado de los vecinos en este último año, hasta el punto de no poder vivir tranquilos ni pegar ojo. “Insostenible” e “indignante” son los adjetivos que emplean los afectados siempre que se les pregunta por estos hechos. 
Tras varias reuniones con representantes del Gobierno Central en la Comunidad Valenciana, y con los vecinos afectados para buscar soluciones a esta problemática que se ha enquistado, el Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado un Plan de Choque que se ha basado en un estudio que ha ratificado el incremento de robos. El Plan fue presentado este miércoles por el alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, junto al subdelegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, José Roberto González Cachorro; el comisario provincial de la Policía Nacional, Ignacio del Olmo; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de València, Amador Escalada, y el intendente principal de la Policía Local, Juan Serrano.
Aunque desde los cuerpos responsables no quisieron dar cifras exactas, el subdelegado de Gobierno reconoció que el diseminado de Ontinyent “está siendo atacado con especial incidencia”. Se han estimado nueve zonas como las más afectadas, entre ellas la zona de Santa Ana, El Pilar, la Purísima, Presos, la Pólvora, La Verónica, La Moneda, Tarongers o la Clariana. Cada una de estas zonas ha sufrido un mínimo de 8 robos en este último año, aunque en determinadas zonas, las cifras son mucho más altas.  
El plan incluye dos grandes bloques de medidas: el incremento de la vigilancia con cámaras de control de tráfico y el aumento de patrullas, con la colaboración de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. 

Cámaras de vigilancia
El alcalde de Ontinyent especificaba que se instalarán 12 cámaras de control de tráfico en las zonas más afectadas, que se espera que queden implantadas entre febrero y marzo. Éstas se sumarán a las cámaras ya existentes el l’Altet, polígono Sant Vicent, avenida del Textil y la rotonda de El Clariano. “Hemos establecido un priorización basándonos en las zonas que han padecido más robos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 15 de enero de 2019, ya que era prácticamente imposible colocar cámaras de seguridad en todo el diseminado”, matizaba el primer edil. No se descarta colocar más cámaras en base a las necesidades que se vayan detectando. 
Se trata de una inversión que saldrá íntegramente de las arcas municipales, con un coste aproximado de 15.000 euros. “En la última reunión con los vecinos nos comprometimos a dotar una partida del presupuesto municipal para cámaras de tráfico e iluminación”, matizaba Rodríguez. 

Aumento de patrullas y vigilancia aérea
En el bloque de efectivos, el alcalde de Ontinyent explicó que se triplicarán los efectivos de la Policía Local, “lo que permitirá contar con dos patrullas exclusivas para el diseminado que tendrán dotación de visión nocturna”, explicó, fruto de una negociación con el cuerpo de Policía mediante horas extra. El incremento de patrullas empezó el pasado fin de semana y el acuerdo aborda todo el año 2019. Mensualmente se realizará una reunión de valoración junto a los vecinos, para valorar cambiar de caminos, franjas horarias, etc.
La delegación de Gobierno se ha comprometido por su parte a reforzar la vigilancia de la Guardia Civil y CNP. Además, continuará la coordinación entre los cuerpos, medida que se venía aplicando desde septiembre, mediante controles conjuntos en puntos estratégicos y patrullas de paisano, para “poder sorprender a estos individuos que están atacando esta zona con especial incidencia”, detalló el subdelegado. Y por último, se implantará vigilancia aérea mediante un helicóptero de la Guardia Civil y la puesta en marcha de dispositivo de drones. 
Además, desde la delegación de Gobierno se confirmó que se está atendiendo la demanda vecinal de contratar vigilancia privada, y remarcó que es una iniciativa que “tienen que adoptar los propios vecinos”. 

La iluminación queda sobre la mesa
Uno de los compromisos municipales que se ha quedado sobre la mesa ha sido la mejora de la iluminación de los caminos por motivos estructurales y competenciales. “No hay puntos de luz en muchas zonas del diseminado, y la competencia de urbanizar corresponde al propietario”, explicaba Rodríguez. Por ello se ha optado por soluciones provisionales y han instado a los vecinos a poner sus propios focos de luz en las entradas. 
Previa comparecencia con la prensa, las autoridades se reunieron con los vecinos afectados para trasladarles detalles sobre el Plan de Choque, un plan que han considerado que incluye medidas “más agresivas y aparentemente más efectivas”, así lo señala María Modesta Pastor, portavoz del Consell Veïnal.
Los afectados ven así atendidas sus demandas, pero apelan a la prudencia a la espera de comprobar si estas medidas surten o no efecto.