El nuevo sistema de recogida selectiva de basuras anunciado la semana pasada por el equipo de Gobierno de Ontinyent ha sido motivo de valoración por parte de Compromís per Ontinyent y PSOE. Así, desde el PSOE han mostrado su "preocupación ante el anuncio del equipo de gobierno municipal sobre la ampliación y refuerzo del sistema de recogida puerta a puerta".
Añaden desde el PSOE que "compartimos los objetivos marcados por la normativa europea y estatal en materia de reducción de residuos y mejora del reciclaje. Avanzar hacia un modelo más sostenible es una obligación institucional y una responsabilidad colectiva. Sin embargo, consideramos que la forma en que se está planteando esta reforma genera dudas importantes que deben resolverse antes de su implantación definitiva".
Desde el PSOE denuncian la "falta de información económica detallada" y expresan su preocupación por el "el impacto social de la medida. La retirada de contenedores y la implantación de calendarios estrictos pueden suponer dificultades añadidas para personas mayores, vecinos con movilidad reducida, comunidades con complejidades logísticas o familias con horarios laborales exigentes. La sostenibilidad ambiental no puede aplicarse sin tener en cuenta la realidad social de nuestros barrios".
Desde el PSOE lamentan "que una decisión de esta magnitud no haya sido objeto de un debate político amplio ni de un proceso participativo real con asociaciones vecinales, comerciantes y colectivos sociales. Una transformación profunda del modelo de recogida de residuos requiere consenso y planificación rigurosa".
Por todo ello, piden la creación de una comisión de seguimiento con representación de todos los grupos municipales, la publicación íntegra de los estudios técnicos y económicos, un calendario detallado de implantación por fases y un periodo de evaluación previo a cualquier penalización económica.
Por su parte, desde Compromís per Ontinyent proponen un proyecto piloto de recogida selectiva puerta a puerta de carácter voluntario durante el primer año, aplicando bonificaciones a aquellas viviendas que se sumen. De este modo, se podría realizar una transición más ordenada que permita a la ciudadanía adaptarse y confiar en el nuevo modelo, con incentivos desde el primer momento.
El portavoz de Compromís también remarcaba que el voto en contra de la formación a la Ordenanza nace de su discrepancia con la tasa, que —según señalan— "penaliza a quien hace las cosas bien, así como del desacuerdo con la implantación del modelo, al considerar que se ha llevado a cabo sin participación, diálogo ni escucha reales, y sin información suficiente para la ciudadanía".
En palabras de Nico Calabuig, “llevamos años debatiendo el nuevo modelo de residuos, y nuestra posición sigue siendo coherente y propositiva. Compartimos el fondo, con el reciclaje y la reducción de residuos como premisas clave para avanzar hacia un futuro más sostenible. Pero no podemos compartir la ambigüedad, la falta de información suficiente, la penalización a quien recicla y hace las cosas bien, ni la ausencia de participación, diálogo y escucha reales con la ciudadanía y con los grupos políticos. Desde el principio hemos planteado propuestas viables, que se aplican en otros municipios valencianos, como una rebaja temporal del IBI para compensar la subida, o la adaptación de la tasa al número de personas por vivienda, atendiendo a los datos sobre el consumo de agua. El gobierno de Ens Uneix ha dicho ‘no a todo’, y en cuatro años ha triplicado la tasa de 44 euros a 136 euros sin ninguna mejora real en el servicio hasta ahora”.
Calabuig añadía que “todos los ayuntamientos están inmersos en el cambio de modelo de residuos, pero cada uno ha trabajado el proceso de manera diferente. Es una decisión política que en Ontinyent el gobierno de Jorge Rodríguez y Ens Uneix ha afrontado sin ambición ni creatividad, ni justicia fiscal y medioambiental. Mientras tanto, nosotros vamos más allá y proponemos una nueva alternativa: implementar el nuevo modelo con una bonificación de la tasa por participar en un proyecto piloto de recogida selectiva puerta a puerta, de manera voluntaria, en determinadas zonas de la ciudad donde sea posible. Esto permitiría contar con un primer año de transición en positivo, de modo que la ciudadanía participante se adapte al sistema y se sienta motivada e incentivada”.
