El juicio por el Caso Alquería llega esta semana a la fase de conclusiones, en la que las acusaciones y las defensas pueden exponer sus argumentos finales. Este miércoles será el turno de la Fiscalía, que tendrá que determinar, principalmente, si modifica o mantiene sus peticiones de pena a los acusados después de haber escuchado durante estas semanas las pruebas y las periciales. Las defensas, por su parte, todavía tendrán que esperar hasta el día 21 de noviembre para empezar a exponer la que será su última palabra. El día 30 de noviembre será la última del caso.
Fuentes de la defensa explican que a lo largo del juicio a la Audiencia Provincial de Valencia ha quedado acreditado que las contrataciones de los altos directivos en noviembre de 2015, se subscribieron sin ningún informe en contra y en un momento en que Imelsa estaba en una situación crítica que obligaba a incorporar directivos para controlarla o cerrarla. También se ha constatado, añaden, que cuando en junio de 2016 aparecieron las primeras dudas legales, José Luis Vera, el director de los servicios jurídicos -a petición del presidente, Jorge Rodríguez-, emitió un informe favorable a las contrataciones. Además, cuando el pleno de la Diputación, en septiembre de 2016, aprobó la clasificación de la empresa en la categoría I y determinó que Divalterra podía tener hasta 10 directivos.
Igualmente, según ha reiterado la presidenta del tribunal, el consejo de dirección no tiene trascendencia penal al no tener ningún poder para suplantar el consejo de administración y que eran reuniones de trabajo y de coordinación. Igualmente, la contratación de un alto directivo, en febrero de 2018, para cubrir una vacante, se hizo con un expediente completo y con todos los informes favorables, incluido el de la Intervención de la Diputación, y se aprobó por el consejo de administración de Divalterra, para dar más garantías legales al nombramiento. El tribunal ha podido escuchar también cómo el acceso a las empresas públicas de altos directivos sin un proceso de selección previo es una cuestión sin un criterio legal definido y que incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido variante. Asimismo, las funciones de un alto directivo tampoco están claramente definidas, de ahí que tanto los supuestos delitos de prevaricación y de malversación no se habrían cometido.
Estas mismas fuentes destacan que la UDEF no ha encontrado ninguna evidencia de las supuestas presiones a los denunciantes porque hicieron informes favorables a las contrataciones, mientras que una trabajadora de la empresa sí que admitió presiones, pero por parte de uno de los denunciantes. En concreto, las presiones a la trabajadora vinieron de José Luis Pellicer, con el objetivo que declarara contra Jorge Cuerda, secretario del consejo de administración de Divalterra, imputado en la causa. El principal aspecto que queda por resolver es si los altos directrices ejercieron funciones propias del alta dirección, una cuestión que de los testigos de los trabajadores se puede inferir que efectuaron entonces propias del alta dirección, remarcan fuentes de la defensa.