El objetivo se llama Jorge Rodríguez - loclar

Resulta llamativo una de las pocas coincidencias que ofrecen a sus compañeros los dos candidatos a ocupar la secretaría general del PSPV en Valencia, Carlos Fernández Bielsa y Roberto Raga. Discrepan en mucho, pero en algo están muy de acuerdo, y así lo pusieron de manifiesto en las entrevistas que publicó el domingo 23-F el diario Levante. Ambos, de un modo u otro, están de acuerdo en un objetivo compartido, tratar de recuperar a Jorge Rodríguez Gramage para la causa socialista.  Si la pérdida del gobierno de Ontinyent en las dos últimas elecciones municipales no había sido varapalo suficiente, perder también la presidencia de la Diputación de Valencia fue la constatación en sus propias carnes del error. Tratar de curar la herida, haciendo desaparecer aquello que hace imposible que cierre, es el objetivo compartido de los dos candidatos y que son alcaldes de Mislata y Riba-roja. 

Lo que resultó más llamativo de las entrevistas fueron los propósitos de ambos por abrazar a Ens Uneix, recomponiendo la relación con Jorge Rodríguez, al que negaron la presunción de inocencia cuando le cayó encima el caso Alquería y su salida del PSPV, de la que tan arrepentidos deberían estar por sus consecuencias. No porque la declaración de inocencia del alcalde de Ontinyent y de quienes con él se tragaron calabozo, instrucción del caso, juicio y absolución, les hubiese dejado en el doble ridículo como personas sin empatía alguna y como dirigentes torpes, muy torpes. No, Fernández Bielsa lo único que pretende con estas carantoñas a Ens Uneix es presidir la Diputación de Valencia por una moción de censura que estaría en manos de Natalia Enguix. Y de paso, tratar de dinamitar el movimiento municipalista que ha experimentado un notable crecimiento en la Comunidad Valenciana teniendo al alcalde de Ontinyent como principal referente. Gane el que gane el domingo, los arrumacos socialistas a Ens Uneix irán a más en próximas semanas y meses. A buenas horas tantos requiebros. 

No estar en la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias, el tanta veces nombrado CECOPI, ni en su despacho de la Generalitat, en las horas críticas de la dana del 29 de octubre, es la espada que pende sobre la cabeza de Carlos Mazón. Es más que complicado, tanto en el plano personal como político, que el presidente pueda resistir el fuego graneado que le llega por todos los frentes, sin que los parapetos que deberían defenderle lo hagan con blindaje suficientemente. La instrucción del caso ha cogido velocidad de riada y todo titular periodístico que diga que la alerta enviada desde la Generalitat llegó cuando el desbordamiento del barranco de Poyo ya había provocado víctimas, debilita aún más la defensa de Mazón.

Las distintas versiones dadas sobre las horas en dónde estaba esa malhadada tarde se han convertido en munición de grueso calibre para la oposición. Que Alberto Núñez Feijóo ni Isabel Díaz Ayuso acudiesen al almuerzo informativo –de muy discutible oportunidad -- de Mazón en Madrid; los comentarios periodísticos de colegas sin vocación dinamitera, y pongo como ejemplo el telediario de Vicente Vallés en Antena 3 el pasado miércoles, complican y mucho el futuro de Carlos Mazón. El PP debería resolver el dilema cuanto antes, decidiéndose por lo que considere mejor para la Comunidad Valenciana.

Dar solución antes que después, a los problemas es lo que se espera de los políticos a los que se les confía una responsabilidad. Frente quienes tratan de librarse de sus culpas, encapsulando los daños de la dana en la persona de Carlos Mazón, los partidos políticos serios y la sociedad civil tienen que exigir que se investiguen y depuren los incumplimientos de avisos, alertas y también ausencias por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así por las obras que no se ejecutaron de encauzamientos y desvíos de barrancos, que también habrían evitado muchas de las muertes.