A la puerta de la que fue empresa de Eduardo Bernabeu, adquirida por el Ayuntamiento de Ontinyent para sede del futuro palacio de Justicia, han dejado una silla. No se sabe si se trata de un trasto más, de los muchos que a diario aparecen abandonados junto a contenedores, o que alguien ha querido hacer una metáfora de lo más apropiada para denunciar la parsimonia con que las autoridades autonómicas, las del Botànic y las actuales, han encarado la solución del secular problema de los medios que la justicia cuenta, perdón no cuenta, en nuestra ciudad.
Una silla invita al descanso de quien espera. Y desespera. Los ontinyentins tenemos sobradas pruebas de la pachorra de la justicia en todos los sentidos. Si la resolución de pleitos y demandas se prolonga en el tiempo y el espacio –en no poca medida por las prisas con la que los jueces que aquí vienen piden otro destino dejando empantanados los casos – también las obras del nuevo edificio siguen a la espera haciendo realidad el dicho popular de que “las cosas de palacio van despacio”.
Pero si un asunto puede señalarse como paradigma de la parsimonia con la que una reclamación judicial puede prolongarse, es el caso del que informa LOCLAR en esta misma edición. No me extenderé en los detalles, comentados por la abogada Isabel Bernabeu que ha llevado la demanda que ha ganado. Ojo, estaba la letrada en Primaria cuando arrancó el problema y tiempo ha tenido de cursar la carrera de leyes, hacer el máster y trabajar en el despacho de Uría y Menéndez antes de recabar en el bufete de Jaime Bernabeu, desde el que ha conseguido liberar a los miembros de una familia de la onerosa e insoportable carga, verdadera condena por los grilletes que ponen los bancos cuando aprietan, quedando exonerados del pago de dos millones de euros por la aplicación de la conocida como ley de segunda oportunidad.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial ha necesitado, antes de llegarse a un acuerdo bendecido por Bruselas, cinco años de descalificaciones y reproches mutuos entre el Partido Popular y el Partido Sanchista. También serviría para constatar el lento funcionamiento de la justicia española.
DIECISIETE SISTEMAS DISTINTOS. Los aplicaciones informáticas de audiencias y juzgados de cada una de las diecisiete autonomías son de lo más autónomas. Tanto, que no permiten que un aviso, alarma o búsqueda de un fugado, pueda hacerse de modo automático y simultáneo, sino que tiene que efectuarse por correo electrónico o llamada telefónica. Más de un delincuente con orden de búsqueda y captura se ha beneficiado del maremágnum telemático. Añádase para que el laberinto informático-judicial sea más intrincado, que la Fiscalía tiene su propio sistema, de modo que no hay modo ni manera de compatibilizarlos ni agilizar trámites. Si ello no fuese bastante, hay juzgados que no admiten la presentación telemática, sino que exigen que demanda se presente impresa en papel. O sea, más motivos para que la justicia sea tan desesperadamente lenta. Y en Ontinyent, todavía más.
PARCIALIDAD DEL CONSTITUCIONAL. Las últimas decisiones del Tribunal Constitucional, enmendando la plana al Tribunal Supremo al borrar la malversación de varios condenados por los EREs de Andalucía, no hace sino incrementar las dudas sobre su imparcialidad. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo las ha puesto de manifiesto y la reacción del Gobierno de Sánchez, con la ministra Alegría -- que así se apellida -- ha sido una más de las suyas, y ha pretendido que Feijóo se retracte.
La vara de medir de este gobierno ofrece esas incongruencias. Un día antes, había sido el propio Sánchez quien criticaba al Supremo por no aplicar la amnistía a Puigdemont por malversación. Sánchez quiere verle amnistiado ya. Y todo lo que no sea liberarlo de sus responsabilidades los pone a ambos de los nervios. El PP por boca de Miguel Tellado ha puesto de manifiesto la incoherencia de Sánchez, cuyo gobierno no está para dar lecciones sobre el Constitucional, y menos cuando se permite criticar las decisiones del Supremo si no le gustan. Un Constitucional, que ha recordado Tellado, está “trufado” de ex miembros del gobierno socialista. Sólo le faltó añadir que el tribunal está presidido por Cándido Conde-Pumpido cuyas querencias superarían con facilidad la prueba del algodón progre.
