Argumentos de capital importancia y del mayor interés periodístico que se han producido en los últimos cinco días en el suelo patrio. A saber: Debacle de Cataluña por culpa de los votantes ceporro-separatistas que la abocan al abismo; debacle del Barça que para ser més que un club no ha querido ser menos que Cataluña y se ha dejado vapulear por los gabachos del PSG; Pablo Casado que, con tal de conseguir un titular en una tele que no esté referido a la debacle sufrida por su partido en las elecciones catalanas, se saca de la chistera la mudanza de la sede del PP de la calle Génova. El otro Pablo, cínico entre los cínicos, gandul entre los gandules, culpa a los medios de comunicación del auge de Vox, lo que considera razón para meterles mano a los que no estén enteramente volcados a favor del podemismo. Y un tercer Pablo, el tal Hasel, que ha ingresa en prisión por sentencia judicial lo que da pie a violentas manifestaciones, una de ellas en Valencia que la policía disuelve como debe hacerse en estos casos, lo que provoca el enfado de Compromís, que exige la destitución de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valencia.
Pues bien, con tantos y tan sustanciosos casos que dan para otros tantos comentarios, el PP de la Comunidad Valenciana se descuelga con una petición de dieciocho años de cárcel para Jorge Rodríguez por el caso Alquería. Con tan desmesurada petición, que podría ser más dura que la que acaben solicitando la fiscalía del caso, el PP consigue unos minutos de gloria mediática –cierto es que mucho le cuesta conseguirlos—y que en su caso siempre suele ser efímera porque no tienen gurús como Iván Redondo, que ese sí que consigue que los medios de comunicación canten, bailen y balen según la partitura que les pone delante de las pantallas de las redacciones.
El PP, con su muy dura solicitud de cárcel para Jorge Rodríguez, no hace sino blanquear a posteriori la desmesurada actuación policial, desarrollada cual acción anti-islamista, para detener el 27 de junio de 2018 al alcalde de Ontinyent y presidente de la Diputación de Valencia. Y para que la iniciativa de los populares resulte tan de traca, que puede llegar a ensordecer a quien la dispara, la reacción de una parte de la ciudadanía –entre la que me incluyo- es de estupefacción.
Un amigo común del alcalde y mío me muestra su desconcierto: “Dieciocho años de cárcel es más de lo que se pide por terrorismo”. Con asesinato incluido, le digo.
¿Es más grave lo sucedido en Divalterra que el golpe de Estado que dieron los Junquera y compañía, que en el caso del líder de ERC le ha supuesto una condena de 13 años? Mario Conde, ex banquero de Banesto, fue condenado a 20 años de cárcel por el tribunal que le juzgó y que declaró probado que el fraude contable cometido por el que fuera presidente de Banesto ascendía a tres mil millones de euros.
¿Y qué dicen el PSPV-PSOE y Compromís que proporcionaron tres y cuatro nombres de directivos suyos para que estuviesen al frente de las direcciones de Divalterra y que también han entrado en el conjunto de los investigados? Lo pregunto porque da la impresión de que el caso Alqueria no va con ambos grupos políticos y sus mandamases y mandamasas se ponen de perfil y se callan cual colipoterras cuando se les pide opinión sobre un asunto que el Partido Socialista utilizó sádicamente para cortarle las alas a Jorge Rodríguez.
Tengo a Jorge Rodríguez por persona honesta y alcalde eficiente. Y eso mismo piensa la inmensa mayoría de paisanos ontinyentins a los que les ha chocado, y mucho, que se puedan pedir 18 años de cárcel por la contratación de siete directivos para Divalterra. La presunta rentabilidad política que el PP ha pensado podría conseguir puede acabar costándole un huevo y la yema del otro.
