Como otras tantas tardes, un grupo de chavales de un equipo de fútbol estaba entrenando. La sesión transcurría con la implicación y esfuerzo de quienes disfrutan jugando a lo que más les gusta y se preparan para ser mejores día a día. La tranquilidad de la sesión se vio interrumpida de pronto por el aviso dado por uno de ellos. Había tenido necesidad de acudir al vestuario para hacer una llamada, cuando aterrado descubrió que su teléfono móvil no estaba en su mochila. Se lo acababan de robar. Y no sólo a él. También otros siete compañeros de afanes futboleros comprobaron que sus teléfonos móviles habían desaparecido como por ensalmo.
Al disgusto y cabreo, incluso lloros de impotencia, siguió el balbuceante aviso a padres y abuelos, reclamando inmediata ayuda, con la esperanza de que una rápida actuación permitiese la localización del ladrón y su botín. Vano empeño. El manilargo, contando con cierto margen de maniobra desde que había cometido el robo, los había apagado de inmediato, con lo que consiguió dificultar la labor de rastreo.
Familiares de los chavales robados se dirigieron a la comisaría de la Policía Nacional. Una vez en ella fueron informados de que, dado el lugar en donde se había producido el robo, correspondía presentar denuncia ante la Guardia Civil. “Vaya, hombre, lo que nos faltaba”, se dijeron. La delimitación de competencias entre fuerzas de seguridad del Estado, como es el caso de una población como Ontinyent en la que están presentes la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, tiene indudables ventajas pero también puede dar pie a las molestias y desconcierto ciudadano de no saber donde acudir para hacer una gestión o presentar una denuncia cuando se tiene necesidad de ello.
Una denuncia –ocho en realidad, una por cada teléfono robado— que no pudo hacerse hasta el día siguiente de los hechos, dado que el horario que tiene establecido el cuartel de la Guardia Civil de Ontinyent responde a la escasez de números que continúan formando parte de un destacamento, que se ha quedado en cuadro. Pues bien, el rito de la denuncia requiere, de acuerdo con la normativa burocrática al uso, de una exhaustiva enumeración de los hechos por parte del denunciante y su plasmación en un documento que tiene que ser tecleado, en este caso, por un guardia civil. No se entiende que en un cuartel con tan escaso número de agentes como el de la Avenida del Conde de Torrefiel, uno de ellos sea apartado de sus funciones de vigilancia y servicio habitual para tener que hacer la de mecanógrafo. Por muchas que puedan ser su habilidad y voluntad, siempre estará en desventaja con un empleado civil con contrastada pericia manejándose con el teclado de un ordenador.
Por cierto, los guardias civiles y policías nacionales desplazados a Cataluña, para prestar servicio impidiendo la pretendida celebración del ilegal referéndum separatista convocado por Puigdemont y Junqueras, tendrán oportunidad de ratificar lo que ya saben en sus nóminas: que sus emolumentos son bastante inferiores, con una diferencia en su contra superior al treinta por ciento, a lo que perciben los mossos d’esquadra y los miembros de la Ertzaintza. Diferencia sustancial que no impedirá a un solo guardia o policía desempeñar con responsabilidad su función en el complicado fin de semana que se les presenta. Y a quienes les hago llegar mis mejores deseos de éxito y acierto en el desempeño de tan difícil cometido. Y, cómo no, para desearles que consigan cuanto antes una justa equiparación salarial con la policía autónoma vasca y catalana. Es de justicia.
