La vicepresidenta primera y responsable de Igualdad de la Diputación de València, Natàlia Enguix, llevará al pleno de enero, que se celebrará el próximo lunes día 27, una moción para revisar los protocolos locales de acoso sexual desprendido del caso denunciado por la concejal de Alzira Mar Chordá. La propuesta, presentada por el grupo Ens Uneix representado por Enguix, insta al ayuntamiento de la Ribera Alta a iniciar el procedimiento que recoge el protocolo local y provincial para hacer frente a casos de denuncia de un presunto acoso por razón de sexo.
La portavoz de Ens Uneix explica que el caso de Alzira “es especialmente preocupante porque, más allá de la investigación para esclarecer los hechos que denuncia la edil, el ayuntamiento, que es uno de los fundadores de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de género de la Diputación, no ha tomado ninguna medida sobre el tema, lo que ha obligado a la afectada a pedir ayuda a otras administraciones ante el silencio de la institución en la cual ejerce sus funciones como cargo electo”.
Enguix se detiene en la gravedad de una denuncia por presunto acoso laboral y sexual que se conoció a finales de 2024. En ella se recogen “episodios de violencia verbal, vejaciones, coacciones, gestos obscenos y toda una serie de conductas denigrantes solo por el hecho de ser mujer”. La denunciante atribuía estas conductas humillantes a su compañero Enrique Montalvá, también concejal en el consistorio, y solicitó la intervención de la Comisión de Igualdad del gobierno municipal para que se activara el protocolo frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo.
Ante la falta de respuesta por parte del ayuntamiento, más allá que se derivara el caso a la Fiscalía, Mar Chordá pidió ayuda a la delegación de Igualdad de la Diputación que dirige Natàlia Enguix, quien ha pedido públicamente la adopción de medidas al consistorio. En este sentido, Enguix lamenta la desidia del Ayuntamiento de Alzira en el caso y que “ni siquiera se haya producido un pronunciamiento de apoyo a la concejal y de condena de los hechos denunciados”.
Revisión de todos los protocolos
La moción que se votará en el pleno provincial de enero incluye dos propuestas de acuerdo después del caso denunciado a Alzira. En primer lugar, instar los ayuntamientos de toda la provincia a que revisen los Protocolos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso discriminatorio en cuanto a la literalidad de su ámbito de aplicación, incluyendo la totalidad del personal empleado público con vinculación funcionarial, personal eventual, personal laboral, cargos electos, personal en prácticas o becario, con independencia de su jerarquía institucional.
En segundo lugar, y en respuesta a la situación denunciada por Mar Chordá, el texto solicita al equipo de gobierno de Alzira la adopción de cuantas medidas resulten oportunas para crear un entorno laboral seguro y respetuoso que permita a la concejal continuar ejerciendo con normalidad el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas como cargo electo.
La vicepresidenta Natàlia Enguix recuerda que el marco legal estatal “obliga las administraciones públicas a elaborar protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, en los cuales todo el personal público con independencia de su relación laboral tiene que respetar la dignidad de las personas y la igualdad de trato de mujeres y hombres”.
