La hoja de ruta de la Diputació de València en defensa de la autonomía local y la mayoría de edad de los municipios se ha vuelto a poner de manifiesto en el pleno de octubre, una sesión telemática en la que el presidente, Toni Gaspar, ha hecho partícipes a todos los grupos de la propuesta de creación del Reglamento Orgánico de la institución con el objetivo de aumentar la participación de los alcaldes y alcaldesas de la provincia en el día a día de la Diputació. 
En una sesión que Gaspar abrió como de costumbre, con el grito de rabia contra la violencia machista y el recuerdo de las mujeres asesinadas en el último mes, el máximo responsable provincial ha hecho partícipes a todos los grupos representados en la institución de la propuesta para crear un reglamento provincial, en la línea de los ROM de los ayuntamientos, “desde el consenso y la unanimidad”, fruto del trabajo que ya vienen desarrollando los portavoces de cada fuerza política.
El presidente de la Diputació desgranó las principales novedades de la propuesta que va a trasladar Presidencia, como son la creación de un escaño 32 que permitirá dar voz a los alcaldes y alcaldesas en el pleno provincial, permitiéndoles así trasladar sus reivindicaciones y preguntas al equipo de gobierno de la corporación en la sesión plenaria mensual; la creación de un consejo de alcaldes de la provincia con capacidad para adoptar resoluciones conjuntas; y la celebración de un debate sobre el estado de la provincia en cada ejercicio, salvo los años en que haya convocadas elecciones municipales.
El nuevo reglamento de la Diputació que busca el consenso entre los distintos grupos políticos en la institución también incluye la creación de una oficina que supervise el cumplimiento de las obligaciones e incompatibilidades de los diputados provinciales y prevenga de posibles conflictos de intereses, así como el refuerzo del control de la contabilidad de las subvenciones que perciben los grupos representados en la corporación.
En la misma línea de consenso y transparencia, y en una sesión plenaria que ha dado cuenta del informe de Intervención sobre la evolución positiva en la gestión de la Diputació y las debilidades a mejorar, en el marco de la ley de régimen de control interno que entró en vigor en 2018, también ha prosperado una moción presentada por Ciudadanos y enmendada por el equipo de gobierno para la elaboración conjunta de los presupuestos del próximo año.
Los grupos han votado por unanimidad la celebración de tantas comisiones extraordinarias de Hacienda sean necesarias, con la participación de todos, para que las enmiendas que se vayan incorporando a la base de los Presupuestos 2021 acaben dando forma al documento definitivo que se espera aprobar con el mayor consenso posible a finales de año.

Variante de Pedralba
En el apartado de infraestructuras, todos los grupos han defendido el aumento de las frecuencias y la inversión en la línea Xàtiva-Ontinyent-Alcoy y el resto de Cercanías, si bien el equipo de gobierno lo ha hecho secundando la moción de La Vall ens Uneix que propone que la Generalitat asuma las transferencias, y el PP, Ciudadanos y VOX plantean su reivindicación instando a que se ejecute la inversión estatal prevista.
En cuanto a carreteras, la Variante de Pedralba ha vuelto a centrar el debate provincial, con el acuerdo entre el PSPV y el PP para la ejecución del proyecto adjudicado y elaborado por los técnicos provinciales “en el plazo más breve posible y con el estricto cumplimiento de la legalidad, como se ha hecho durante todo el procedimiento”. La moción ha contado con los votos favorables de populares, socialistas, Ciudadanos y Vox, la abstención de La Vall y el único voto en contra de Compromís, cuya enmienda no ha recibido ningún apoyo.
El portavoz de Compromís, Xavier Rius, ha defendido durante el debate de la moción presentada por el PP que se trata de “un proyecto desfasado que no se adapta a la realidad climática actual”, y ha defendido el desvío del tráfico para evitar molestias a la población, pero con “alternativas que se han descartado solo por su coste económico”. En opinión de Rius, el proyecto adjudicado “no soluciona el problema de la contaminación y el ruido y si se insiste puede generar recursos y retrasos”.
Por su parte, el diputado popular Joaquín Segarra ha señalado que “la solución planteada llega por parte de los técnicos de la Diputación y no de ningún grupo político, y en los últimos años no se ha registrado ningún recurso en contra ni ninguna alternativa”. También Ciudadanos se suma al respaldo a los técnicos provinciales y la pronta ejecución de la variante para sacar el tráfico del núcleo urbano de Pedralba.
Por último, el vicepresidente y responsable de Carreteras, Rafa García, ha recordado que “después de 36 meses de suspensión de esta obra no se ha establecido por las autoridades competentes causa alguna para interrumpir el proyecto, por lo que la Diputación debe continuar con un proceso en el que ya ha gastado alrededor de 500.000 euros”. El titular de Infraestructuras ha cerrado el debate asegurando que “estamos en la fase de cumplimiento de un proyecto adjudicado, no de valorar su idoneidad”.
En el ámbito de la red viaria provincial, el pleno también ha dado luz verde a las transferencias de viales a Palma de Gandia, Rocafort, Vinalesa y Villalonga, así como la cesión a la inversa de un tramo de la CV-304 en Vinalesa a la Diputació, todas ellas con el visto bueno de los municipios referidos y el área de Carreteras del ente provincial.

Declaraciones institucionales
La sesión plenaria de octubre ha finalizado con la lectura, por parte del presidente, de las declaraciones institucionales acordadas por los distintos grupos. En este caso, una declaración conjunta en respuesta a la mejora de la legislación urbanística en los municipios de menos de 5.000 habitantes, propuesta por el PP, y otra presentada por el mismo grupo para reivindicar el Año Jubilar 2020-21 y el Camino del Santo Cáliz, que propone la promoción de la ruta del Santo Grial y el apoyo de la Diputació a València como centro neurálgico de esa ruta en coordinación con el resto de administraciones.
No alcanzó la categoría de declaración institucional la moción conjunta de todos los grupos salvo VOX para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural, defendida por la diputada Eli García como responsable del área de Igualdad de la que surge la iniciativa.