El pleno de la Diputació del mes de noviembre arrancó, como cualquier otra sesión plenaria desde que se inició la legislatura, con el grito de denuncia del presidente contra “la cobardía machista”. Toni Gaspar recordó a Mª Dolores, de 39 años, y Samira, de 41, ambas asesinadas por sus parejas desde el pasado 22 de octubre. Con ellas son 1.027 las víctimas de la violencia de género en España desde 2003, un dato escalofriante y creciente que requiere la unidad de acción de sociedad e instituciones para hacer frente a esta lacra social.
Un dato que, en palabras de la diputada de Igualdad, Isabel García, es solo “la punta del iceberg” de una “realidad muy grave que acumula 51 víctimas mortales este año, 34 menores asesinados desde 2013 y maltrato psicológico, económico, sexual sobre la base de la desigualdad de hombres que mantienen una relación de superioridad sobre la mujer y la materializan con el terror”.
Este problema social tan complejo sirvió a la diputada socialista para defender la moción presentada junto a Compromís, el PP, Ciudadanos y La Vall ens Unix con el fin de reforzar el compromiso de la institución en la lucha contra la violencia machista. Los cinco grupos la aprobaron en el pleno de este martes, en el que el voto en contra del diputado de Vox impidió que la moción se convirtiera en declaración institucional en vísperas del 25 N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El debate de esta acción conjunta contra la lacra de la violencia machista centró el pleno provincial de noviembre, en el que el diputado de Vox, Joaquín Alés, se erigió en voz discordante al cuestionar la “asimetría penal” de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, que en su opinión “criminaliza al varón y se ha mostrado insuficiente a lo largo de estos 15 años para acabar con este problema”.
La primera en responder al diputado de Vox ha sido la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, quien ha considerado que “negar la realidad de esta lacra social es una irresponsabilidad”. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Adsuara, ha invitado a reflexionar sobre la conveniencia de abrir por primera vez un debate sobre la violencia de género, un asunto sobre el que “siempre ha habido consenso”. En la misma línea se ha expresado la portavoz del PSPV, Pilar Sarrión, que ha destacado que “esta moción del 25 N es de todas y todos”.
La respuesta a la segunda intervención del diputado Alés, cuestionando que la ley de 2004 obvie la violencia doméstica e instando a endurecer las penas y que estas sean “iguales para todos”, ha sido si cabe más contundente, esta vez por parte del equipo de gobierno. El portavoz de Compromís, Xavi Rius, ha recordado que el Código Penal “recoge las otras formas de violencia” y, antes de profundizar en una gráfica exposición de los micromachismos que nos rodean, ha lamentado que un responsable público “niegue una grave situación estructural que requiere de una normativa específica”.
La titular de Igualdad, Isabel García, ha cerrado el debate sobre esta moción que reclama más medidas de prevención, sensibilización e intervención para erradicar la violencia machista; reforzar el trabajo conjunto de las instituciones a través de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género impulsada por la Diputació; instar al Estado a incluir todas las violencias contra las mujeres reconocidas en el Convenio de Estambul; y facilitar desde la corporación todo tipo de campañas de orientación y concienciación en medios públicos.
“Quieren llevarnos a las cavernas mezclando todo tipo de violencia, cuando la de género es un tipo de violencia con su definición y consecuencias. Mienten y banalizan sobre un grave problema social que cuesta vidas”, ha concluido la responsable de Igualdad.
Transparencia y eficiencia
El otro asunto que ha generado debate en este pleno de noviembre ha sido el informe de auditoría de control financiero sobre contratos menores en el período 2018. El diputado de Ciudadanos Jesús Gimeno ha cuestionado el volumen de este tipo de contratación, que supera el 70% según el informe de Intervención, a lo que ha respondido el presidente, Toni Gaspar, antes de dar la palabra al interventor como responsable del informe. “Todos somos miembros de entes locales y sabemos que esta es la forma más habitual de contratación y amparada por la ley”, ha señalado Gaspar antes de añadir que la intención del equipo de gobierno es seguir mejorando la fiscalización de los contratos menores al tiempo que se incrementa la eficiencia en la gestión.
El propio interventor ha dejado claro que todos los contratos menores salen con un control previo de su departamento y que el informe del que se ha dado cuenta en el pleno es una herramienta de control financiero que busca realizar un análisis global que detecte las debilidades del sistema desde la perspectiva de tratar de mejorarlas.
