La Diputación da un año más para terminar 46 obras en la Vall d'Albaida - loclar

Los municipios de la Vall d’Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés con proyectos pendientes del Plan de Inversiones 2022-23 de la Diputació de València dispondrán de un año más para ejecutar y justificar las actuaciones, que suponen en el conjunto de las tres comarcas 3.461.445 euros solo en obras en proceso de documentación y adjudicación, a las que habría que sumar otras solicitudes aprobadas en el último plan de la anterior legislatura que aún no se han terminado de justificar. “El objetivo de la prórroga es facilitar a los ayuntamientos el proceso para que finalicen las obras y se quede en los municipios hasta el último euro”, coinciden tanto el presidente, Vicent Mompó, como la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix.

Por comarcas, la Vall d’Albaida tiene en proceso de adjudicación 43 proyectos del último programa inversor de la pasada legislatura, heredado por el actual equipo de gobierno provincial con “un nivel de ejecución bajo que se ha acrecentado con los problemas derivados de la dana”, apunta Enguix, responsable de Cooperación Municipal. Estas actuaciones, además de tres proyectos de la Mancomunidad de la Vall d’Albaida, fueron solicitadas por 19 ayuntamientos de la comarca, entre las que destacan la mejora de los exteriores de las pistas polideportivas de Salem (157.000 euros); el asfaltado de calles en el núcleo urbano de L’Olleria (141.000 euros); el mirador sobre el embalse de Bellús desde la plaza de San Pedro de Sempere (53.000 euros); el uso del solar de la calle Heliodoro Madrona como plaza pública en Bellús (100.000 euros); y la adquisición de un inmueble en la calle Gomis de Ontinyent para usarlo como vivienda tutelada del projecte Trèvol (145.000 euros), esta última a iniciativa de la Mancomunidad Vall d’Albaida.

La propuesta de la vicepresidenta Enguix plantea una suspensión extraordinaria del plazo de ejecución de las obras incluidas en el plan, que pasará del 12 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2026. La intención es “prorrogar el último plan de la anterior legislatura, que aún tiene 70 millones de euros pendientes de adjudicar o certificar en municipios de todas las comarcas, para facilitar los procesos a los ayuntamientos y que no tengan que renunciar a un solo euro de las ayudas”.

El plan 22-23, con un total de 148,8 millones de euros en proyectos aprobados y algo más de 123 millones de euros como importe finalmente adjudicado en la provincia, registra a fecha de hoy 55.350.545 euros abonados por parte de la Diputación por obras finalizadas, mientras que las actuaciones en proceso de documentación y adjudicación superan los 31 millones de euros y las no certificadas suman 39 millones, con 558 proyectos incompletos que van desde los 148 euros que aún debe certificar Alboraya por la ejecución de la segunda fase de las piscinas municipales, hasta el 1.365.000 euros que debe certificar Picassent por la reurbanización de las calles Jaume I y Calvari.

“El nivel de ejecución era bajo antes de llegar la dana, con más de la mitad del plan sin adjudicar o justificar”, afirma Natàlia Enguix, quien explica que “el problema se acrecentó con los devastadores efectos de la riada, tanto en los municipios afectados con daños en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, como en los no afectados, por falta de empresas a las que adjudicar las obras o por el encarecimiento de las materias primas y los costes de ejecución”. 

Del millar de proyectos pendientes del Plan de Inversiones 22-23, un total de 450 se encuentran aún en fase de documentación o adjudicación. “Con estas cifras, lo más sensato es suspender el plazo de ejecución y el de justificación y dar un margen de más de un año a los entes locales para que puedan completar los procesos y reciban el dinero aprobado por la Diputación para esos proyectos”, apunta Enguix, quien apuesta por “ofrecer todas las facilidades a los municipios para que las ayudas se traduzcan en mejoras para sus vecinas y vecinos, y no en el anuncio de una lluvia de millones sin mayor preocupación”.

En la misma línea, el presidente Mompó destaca “la proximidad con los alcaldes y alcaldesas por la que apostamos desde el primer minuto de la legislatura, con la intención de conocer sus necesidades y ayudarles en todo lo posible”. Para ello, “el área de Cooperación que coordina la vicepresidenta Enguix ha puesto en marcha un Pla Obert que elimina plazos y presión para los ayuntamientos, en el que llevamos cerca de 400 proyectos aprobados y 60 millones invertidos, más otros 100 millones que están presupuestados este año para atender las solicitudes de los municipios en cualquier momento”.

La propia Natàlia Enguix incide en el carácter cuatrienal del Pla Obert como “uno de los grandes aciertos del nuevo programa inversor, que flexibiliza los procesos y permite a los municipios hacer frente a necesidades sobrevenidas, como fue la pandemia hace unos años y ahora ha sido la dana”. “La cuestión de los plazos era una de las cosas que hemos corregido de anteriores planes, ya que generaban problemas a los ayuntamientos a la hora de adjudicar y ejecutar las obras, teniendo que recurrir a prórrogas cuando no a renunciar a las ayudas”, añade Enguix.

La eliminación de plazos en el principal programa inversor de la Diputación no ha sido la única medida adoptada por el equipo de gobierno que encabezan Mompó y Enguix. El presidente destaca igualmente los cambios en la estructura interna impulsados recientemente para reforzar la asistencia técnica, en especial a los municipios afectados por la dana, departamento que pasa a coordinar el diputado Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, quien a su vez cede el área de Personal a la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari.

Entre las obras y suministros sin ejecutar encontramos actuaciones urbanísticas, adecuación de instalaciones públicas para distintos usos, renovación y ampliación de zonas verdes e instalaciones deportivas, arreglo de caminos, equipamiento, mejoras en la eficiencia energética de los servicios, etc. Proyectos de todo tipo que no han llegado a concretarse por problemas con los plazos, por el encarecimiento de los costes de ejecución o por la dificultad para encontrar proveedores y empresas cualificadas disponibles, entre otros motivos.

En respuesta a esta situación, el área de Cooperación Municipal que coordina Natàlia Enguix está concediendo todas las facilidades a los ayuntamientos para que puedan ejecutar las actuaciones pendientes y no pierdan las subvenciones aprobadas en el marco de los anteriores planes de inversión. “La prórroga del plan 22-23 es la última medida que hemos tomado para que los municipios dispongan de más tiempo para terminar los procesos y no tener que renunciar a las ayudas”, apunta Enguix, “pero no es la única, ya que en estos últimos meses, en paralelo al desarrollo del nuevo Pla Obert, hemos dado luz verde al cambio de proyectos que ya no eran prioritarios o con sobrecostes para los ayuntamientos por otros más necesarios y que se van a poder materializar”.

En la misma línea de contribuir a la mayor ejecución posible del último plan del anterior equipo de gobierno, Cooperación está aprobando decretos como el de Sueca, que permite destinar a una nueva obra, en este caso la habilitación del antiguo edificio de Correos para Servicios Sociales, los remanentes del plan 22-23 que resultan de los proyectos no ejecutados y de las diferencias en el coste definitivo de adjudicación de los trabajos.