El futuro de la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputació de València , comenzará a decidirse a partir de la junta de septiembre. El cierre ordenado de la mercantil, tal y como avanzaron los responsables del equipo de gobierno de la corporación, estará pilotado por los seis grupos políticos con representación en la Diputació, funcionarios de alto rango y un representante de los trabajadores de Divalterra, según ha propuesto este martes el presidente, Toni Gaspar .
Gaspar ha explicado su propuesta en la junta extraordinaria de Divalterra que ha tenido lugar minutos antes del pleno ordinario del mes de julio. “El qué lo tenemos claro, que es un cierre ordenado en el que la arquitectura del futuro de la empresa sea lo más unánime posible; un proceso del que estarán convenientemente informados la oposición y los trabajadores”.
En cuanto al quién, el presidente de la Diputació ha avanzado su intención de que el futuro consejo de administración de la mercantil cuente con un responsable de cada grupo político y un representante de los trabajadores, y que el resto del consejo esté integrado por funcionarios de alto rango entre los que estarán el secretario y la tesorera de la corporación, ambos habilitados nacionales.
El presidente y la vicepresidenta de la Diputació, Mª Josep Amigó, han coincidido a la hora de insistir en el mensaje de tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública. “Ahora mismo están desarrollando su labor, muchos de ellos en los montes, y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de resolver esta situación sin que afecte a su futuro”, ha asegurado Gaspar, que ha insistido en el consenso como hoja de ruta en este proceso: “lo posible se hace y lo imposible se intenta”. En palabras de Amigó, “estos días hemos demostrado que las cosas se están haciendo con normalidad y que las personas que trabajan en Divalterra tendrán garantizada su continuidad pese al cierre ordenado que se ha decidido acometer”.
La junta de Divalterra de este martes, la última antes del verano, ha aprobado, entre otros asuntos, el cese como consejero del ex presidente Jorge Rodríguez, agradeciéndole los servicios prestados, y la aprobación de las cuentas anuales de la empresa, con la abstención de EU y Ciudadanos y el voto en contra del PP. En este punto, la portavoz popular, Mª Carmen Contelles, ha preguntado a continuación a la portavoz de EU, Rosa Pérez Garijo, por los motivos que la han llevado a no firmar estas cuentas en los dos últimos ejercicios, mientras que Pérez Garijo ha remitido a la respuesta por escrito que formuló en su momento.
Pleno de julio
El curso político en la Diputació se retomará en septiembre tras el pleno del mes de julio que ha tenido lugar este martes. En el mismo, el presidente, Toni Gaspar, ha leído una declaración institucional en la que todos los grupos han pedido que la Plataforma Logística de Requena, en El Rebollar, sea incluida tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en los de la Generalitat Valenciana de cara al próximo año.
Tras la aprobación de los distintos puntos del orden del día, se ha debatido la moción del grupo popular sobre el reciente examen C1 de la Junta Calificadora de Conocimientos en Valenciano. El diputado Evarist Aznar ha propuesto que la institución provincial traslade al Consell la conveniencia de programar una segunda prueba durante el presente año “ante el malestar de algunos opositores que consideran que el examen no se correspondía con los contenidos publicados previamente en la web”.
El diputado de Cultura , Xavier Rius, ha admitido que “la prueba de este año ha experimentado pequeños cambios para adaptarse a la normativa europea”, y ha considerado que “las quejas de un opositor no pueden poner en duda una convocatoria cuyos criterios de valoración estaban previamente publicados en la web de la Conselleria”. Rius ha señalado que no tiene constancia de que la Conselleria haya recibido quejas y ha recordado que “ni siquiera se han publicado los resultados”. La propuesta ha sido rechazada con los votos del equipo de gobierno.
En el turno de ruegos y preguntas, el diputado Enrique Ortiz se ha interesado por el tiempo y el coste que supondrá el posible traslado del Teatro Escalante, el proyecto cultural de la Diputació de València que abandonó su sede tradicional al no estar garantizadas las condiciones de seguridad del recinto. El encargado de responder ha sido el diputado de Administración General y Patrimonio, Pepe Ruiz, que ha explicado ante el plenario que “están encargados los estudios para conocer al detalle y poder valorar el coste tanto temporal como económico de esta posibilidad que, en todo caso, no decidirá solo un diputado sino el equipo de gobierno”.
