Tras un verano relativamente tranquilo en cuanto a la emisión de malos olores por parte de la depuradora de la antigua Colortex, en Ontinyent, desde hace un par de meses el olor nauseabundo que desprende esta instalación ha vuelto a incrementarse. La vida de los vecinos de la Senda dels Cinc Germans está totalmente condicionada por este hecho, puesto que les obliga a permanecer en el interior de sus casas sin poder salir ni abrir ventanas.
El vecindario lleva muchos años reivindicando que las autoridades competentes, en este caso la conselleria de Medio Ambiente, tome medidas y obligue a la empresa que actualmente utiliza las instalaciones a cumplir la normativa y evitar este problema.
Fuentes municipales explican que las instancias que llegan al Ayuntamiento por este asunto se trasladan a la conselleria de Medio Ambiente, porque es de su competencia. Además, desde el consistorio realizan analíticas del aire de manera periódica y comprueban la presencia de esos malos olores. En este sentido, desde el Ayuntamiento han hecho informes negativos, que han sido remitidos a la conselleria, que de momento tan solo ha contestado que está en proceso de revisión de la licencia de actividad de la empresa. El problema es que este proceso de revisión lleva abierto casi dos años y sigue sin dictar ninguna resolución definitiva al respecto.
Cabe recordar que en el pleno de marzo de 2023, un grupo de vecinos de la Senda dels Cinc Germans acudió a exponer la problemática que están padeciendo principalmente ellos como vecindario cercano a la depuradora, pero en general, toda la ciudad. Así, en ese pleno los afectados exponían con toda crudeza que "así no se puede vivir". Además, también reconocían que temían por su salud y recordaban que empezaron las primeras reclamaciones por este problema en el año 2000, tanto ante el Ayuntamiento como ante la conselleria de Medio Ambiente. Recordaban también en su intervención que la fiscalía, tras tomar datos del aire y el agua, entendió la gravedad del caso y lo trasladó al juzgado nº4 de Ontinyent, que pidió un listado de personas afectadas, pero finalmente la Justicia descartó la vía penal.
