Los representantes del Partido Popular de Ontinyent, encabezados por el portavoz, Rafa Soriano, se reunieron recientemente con la directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, María del Rosario Escrig Llinares, con el objetivo de plantearle las necesidades de la ciudad de la Vall d'Albaida en temas referentes a esas áreas educativas. Desde el grupo municipal popular explican que "la directora general se mostró enormemente predispuesta a la colaboración con las dos propuestas que presentamos en los últimos plenos y fueron aprobadas por el consistorio. Una hace referencia al Aula UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) y la otra sobre medidas para paliar y combatir la violencia en las aulas". La Conselleria, añaden los populares, ha involucrado a sus servicios técnicos para evaluar las necesidades de la ciudad, sobre todo por lo que hace al número de alumnos y alumnas que puedan precisar este tipo de recursos, que a día de hoy no existe en toda la comarca de la Vall d'Albaida.
Sobre el tema de la violencia en las aulas, María del Rosario Escrig Llinares expuso diferentes medidas que ya se vienen aplicando desde que el Partido Popular llegó al gobierno de la Generalitat Valenciana y que esperan tengan consecuencias inmediatas en los centros educativos.
A la reunión con la directora general asistieron el portavoz, Rafa Soriano; la concejal Carmen Cambra; y los miembros de la lista popular en las últimas elecciones Joan Ramírez, Pepa Llorca y Amparo Soriano, los tres docentes en centros educativos.
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Según expuso el portavoz, Rafa Soriano, “el Partido Popular de Ontinyent va a llegar a las instancias que sea necesario para mejorar las posibilidades educativas de los jóvenes de nuestra ciudad. No queremos que nuestras propuestas se queden en una moción, sino que hay que hacerlas realidad y para ello necesitamos de las administraciones superiores. La coordinación es necesaria y nosotros podemos ejercer de enlace clave para el trabajo”. Por su parte, según argumentaba Carmen Cambra, “se tiene que reorientar la política educativa hacia una visión más inclusiva y real, que ayude al éxito escolar y personal en todos sus ámbitos. La legislación vigente establece que la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se tiene que regir por los principios de normalización e inclusión y asegurar la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo”.
