Propietarios de viviendas plurifamiliares anteriores a 1901 han recibido estas últimas semanas una carta de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, dependiente de la Conselleria de Vivienda, en la que se les explica que la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana establece que las personas propietarias de un inmueble de uso residencial con una antigüedad superior a 50 años tienen la obligación de pasar por el IEVV, (Informe de Evaluación del Edificio), que es una inspección técnica del edificio realizada por una persona facultativa competente y en el que se revisan aspectos relativos al estado de conservación, condiciones de accesibilidad y eficiencia energética.
Según explica el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, que es quien firma las cartas, Alberto Rubio Garrido, en el caso de Ontinyent su departamento ha mandado 330 cartas, de momento solo a edificios residencias plurifamiliares anteriores a 1901. En los próximos meses se ampliará a los edificios anteriores a 1950, apunta. En total, en toda la Comunidad Valenciana ya se han enviado 10.000 cartas de advertencia, explica el director general de Calidad, Rehabilitación u Eficiencia.
En la carta, Alberto Rubio se explica que el IEVV es el instrumento “más eficaz para diagnosticar el estado del parque de viviendas, anticipar las actuaciones de urgencia e, incluso, propiciar su adaptación a las necesidades actuales”.
El pasado 31 de diciembre expiró el régimen transitorio para los edificios construidos antes de 1901.
La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, concluye con la advertencia de que la sanción si el edificio no se somete al informe puede llegar hasta los 6.000 euros. “Nos ponemos en contacto con usted para recordarle esta obligación y advertirle de que, de no resolverse esta irregularidad, iniciaremos el expediente sancionador correspondiente”, concluye la carta. Ahora bien, también añade que actualmente la misma Dirección General que advierte del posible expediente sancionador también convoca anualmente ayudas dirigidas a cubrir gran parte del importe de este informe. El coste de este informe depende del tipo de edificio, la cantidad de viviendas por planta, etc, pero puede rondar los 1.200 euros.
Arquitectos ontinyentins consultados por este periódico explican que el requisito de este informe es algo que la ley marca desde hace tiempo y añaden la importancia de concienciar a los propietarios sobre el mantenimiento de las viviendas, puesto que el paso del tiempo causa deterioros que en ocasiones no se perciben pero que pueden causar problemas o accidentes.
