Compromís per Ontinyent ha hecho público su malestar con el gobierno municipal de Ens Uneix después de que se hayan enterado por los medios de comunicación sobre el anuncio de la licitación de la redacción del proyecto de ampliación del cementerio.
El Ayuntamiento de Ontinyent informaba por los medios de comunicación que duplicará la superficie del cementerio municipal en los próximos años con un espacio para cubrir la demanda de nichos y columbarios al menos durante los próximos 200 años. Óscar Borrell informaba de que "hemos adquirido entre 2022 y 2023 dos parcelas adyacentes, de 17.000 y 13.300 m2, para un total de más de 30.000 m2, justo al lado del cementerio".
En concreto, era Helena Gandía, concejal del área, la que denunciaba este martes la "exclusión" como concejal de Cementerio por parte del edil de Territorio, Óscar Borrell, por haber realizado el anuncio "sin haberme informado ni haberme permitido participar en esta acción informativa como concejal de Cementerio". Gandía aseguraba que "me gusta trabajar de manera coordinada y siempre integrando los diferentes puntos de vista" y añadió que desde el primer momento ha apostado por una comunicación fluida y por la colaboración.
Por ello, ha solicitado una rectificación, ya que, "si se delegan concejalías a la oposición, se le debe respetar, informar y facilitar los recursos necesarios para llevar adelante las delegaciones que se les ha confiado, dejando de lado actitudes partidistas", opinaba.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal, Nico Calabuig, reiteraba esta denuncia y explicaba que, si Compromís denunciaba hace poco la no convocatoria del pleno ordinario relativo al mes de octubre, ahora denuncia la convocatoria de un pleno extraordinario "en el que no se nos permitirá nuestro derecho a formular ruegos y preguntas al gobierno municipal". Calabuig comparaba las convocatorias de 2020 y 2022, en las que se demuestra que los plenos donde se trataron las ordenanzas fiscales eran de carácter ordinario y sí incluían el punto de ruegos y preguntas. En estos anteriores plenos, "se respetó el derecho de la oposición a la participación política y las disposiciones de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establecen que en un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes se debe convocar un pleno ordinario mensual", concluía.
