El Ayuntamiento de Ontinyent resolverá el contrato con la empresa Quatre Fulles, S.L. sobre la gestión de las actividades en los centros cívicos municipales, si esta no cubre antes del martes las bajas de los monitores de los centros cívicos.
Así lo ha anunciado la concejal de Política para las personas, Paula Soler, quien ha explicado que "esta resolución, avalada por los servicios jurídicos municipales, no se podía realizar legalmente por los impagos al personal, ya que al haber pagado en diciembre la empresa parte de sus deudas acumuladas, la situación no reunía los requisitos para justificar una rescisión unilateral, según la Ley de Contratos".
Soler lamentaba "los problemas generados a las personas usuarias. Si alguien quiere saltarse la ley para resolver este conflicto, que lo diga, porque nosotros no vamos a hacerlo". La concejal ha recordado que la Generalitat Valenciana también está teniendo problemas en esta empresa, que en la actualidad tiene ilocalizable a su administradora única, "cosa que complica todavía más las cosas". La concejal explicaba que "desde finales del año pasado, hemos intentado subrogar el servicio a otras empresas, pero las deudas de Quatre Fulles hicieron que se echaran atrás. Ahora, después de que la empresa no haya cubierto las bajas de hasta tres monitores, sí que podemos actuar". Se debe recordar que la rescisión unilateral del contrato por los impagos sólo puede ser a instancia de los trabajadores, nunca por el Ayuntamiento, lo cual no ha ocurrido. "Es decepcionante que un dirigente político que, además hace las funciones de asesor tenga un desconocimiento tan amplio de cómo funciona la administración local, y desconozca que la Ley de contratos establece una serie de requisitos para resolver este tipo de contrataciones. Porque, si lo conoce, está haciendo un ejercicio de demagogia inaceptable".
El Ayuntamiento hizo un requerimiento a la empresa que daba a Quatre Fulles un plazo para actuar que finaliza lunes, fecha a partir de la cual se podrá resolver legalmente el contrato e iniciar el proceso de licitación para contratar una nueva empresa. Con todo, Paula Soler advierte que "si la empresa reclama y está en contra de la resolución, el asunto iría al Consell Jurídic Consultiu, lo que prolongaría los trámites. El camino que debe seguir el Ayuntamiento no puede ser otro que el de la Ley y el de respetar los plazos que ésta establece. Hay quien parece que quiera crear más líos en una situación que ya de por sí es muy complicada, pero debe quedar claro que estamos haciendo lo que podemos hacer cumpliendo la ley. Lamentamos que la situación afecte a las personas usuarias, y vamos a tratar de que tengan actividades y alternativas a su alcance lo más pronto posible", concluía.
