En el mes de noviembre de 2019, en plena campaña de las Elecciones Generales, el presidente en funciones y candidato Pedro Sánchez se comprometía ante los micrófonos de RNE a traer a España al fugado Carles Puigdemont. La razón de mayor peso para que cuanto acababa de afirmar con su característico engolamiento se convirtiese en realidad la sustentó en una pregunta retórica: “La Fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende?”. El periodista que le entrevistaba dándoselas de enterado adelantó la respuesta: “del Gobierno”. Y Pedro Sánchez, sin ocultar la satisfacción por tan acertada contestación y conocimientos del periodista se limitó a confirmar: “Pues ya está”.
Pues eso. Ya está. Lo recordaba el pasado lunes cuando conocí la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción había presentado el recurso contra la sentencia absolutoria del caso Alquería, el que afectó a Jorge Rodríguez y otros doce procesados, ya todos liberados de la pesadilla. Y no era un recurso más al uso, no. El fiscal lo que pretende ahora es la repetición del juicio y que se celebre con distinto tribunal. Cabe deducir, por tanto, que todo un fiscal anticorrupción no cree en la imparcialidad y profesionalidad de quienes juzgaron y absolvieron a los denunciados.
Será coincidencia, extraña pero coincidencia, que los pasos que da el fiscal (que salió malparado en las consideraciones de la sentencia que ha recurrido) vayan acompasados a la agenda política, como demuestra que diese a conocer su propósito de recurrir cuando se iniciaban las conversaciones entre Ens Uneix y el Partido Socialista, que ve en la Diputación de Valencia la única parcela de poder ocupar tras el varapalo recibido el 28 de mayo y la desokupación sufrida en diputaciones y principales alcaldías de la Comunidad Valenciana.
Que se represente a la Justicia con la figura de una dama con los ojos vendados, que porta una balanza en una mano y una espada en la otra, viene a decirnos que no se dejará impresionar y que decidirá de acuerdo con las razones que le den las partes. Será ciega, lenta hasta más no poder, pero no parece que sea sorda si nos atenemos –volviendo al concreto caso Alqueria— a ciertas casualidades, coincidencias o concomitancias. ¿Cómo considerar que la sentencia no se hiciese pública sino dos días después de haberse votado en las elecciones municipales con todo lo que suponía la absolución a favor de la candidatura de Ens Uneix encabezaba, Jorge Rodríguez, si salía libre? ¿Y ahora el recurso que presenta el fiscal anticorrupción?
Vayamos a ver qué ocurre en Mislata, municipio limítrofe con Valencia y cuyo alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y secretario de los socialistas en la provincia de Valencia, está jugando todas las bazas a su alcance, mareando a periodistas que se dejan marear, tratando de convertirse en el nuevo presidente de la Diputación de Valencia, lo que depende –oh, bendita justicia poética—del voto de la única diputada (Natalia Enguix) de Ens Uneix. Bielsa, tal como se le conoce dentro y fuera de Mislata, tiene un problema que hasta ahora ha conseguido que no le salpique pero del que será difícil pueda escapar sin mancha ni menoscabo. En las fiestas de Navidad y Reyes del pasado año, dos niñas que jugaban en un castillo hinchable en Mislata, salieron despedidas de la atracción cuando un golpe de viento arrancó los anclajes, si es que hubo en número suficiente, que debían sujetarla. Vera murió a los pocos minutos a consecuencia de las graves heridas y Cayetana unos días después.
Forenses, peritos, técnicos, funcionarios, policía local y nacional, y hasta meteorólogos han informado, o lo siguen haciendo, sobre actuaciones, permisos, anclajes, ubicación, condiciones, características de todo cuanto tenga que ver con el maldito castillo hinchable. Por ahora, hay cuatro técnicos investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata, que es el que lleva el caso. De momento la Justicia –a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos similares por aquello de la culpa in vigilando—no ha investigado al concejal de Fiestas de Mislata, Antonio Arenas, ni al alcalde, Carlos Fernández Bielsa.
A falta de una mayor agilidad en la instrucción de este caso –la Justicia además de ciega es, sobre todo, lenta— el padre de Vera, Iván Pérez, que es periodista, no deja de denunciar las demoras y de recordar a su hija en redes sociales y medios como El Mundo, en el que días atrás escribía que “la prórroga de la instrucción judicial para determinar responsabilidades en el hinchable de Mislata, en el que murieron Vera y Cayetana, llega a su fin como esperábamos, con pocos movimientos por parte del Juzgado número 4 del propio municipio, y con la negativa a la insistente petición que hemos trasladado de citar como investigado al concejal de Fiestas de Mislata y cuñado del alcalde (que le ha premiado con nuevas competencias) para que justifique por qué el ayuntamiento se desentendió de la feria y de controlar su seguridad. Merecemos una explicación; Vera la merece”.
Añade Iván Pérez que “existen evidencias más que suficientes de que el hinchable no tenía los anclajes necesarios y que no estaba sujeto del costado por el que salió volando nuestra hija; y también de que la atracción no se instaló en el lugar que recoge el plano del ayuntamiento, que admite que no supervisó una feria sin licencia de actividad porque según ellos no la necesitaba. Demasiadas irregularidades como para no apuntar hacia feriantes y responsables públicos…”
Y responsables públicos. Justicia ciega y lenta pero no sorda, tal como se puede deducir de ciertas actuaciones en las que las casualidades y/o concomitancias se dan la mano para favorecer o no molestar a según quien. Así las cosas ¿por qué no se dedica Bielsa a tratar de cerrar las heridas por el caso de las dos niñas muertas en su municipio antes de tratar de ser presidente de la Diputación de Valencia?
