Me interesé, preguntando a algunas personas que por su conocimiento de la realidad ontinyentina podían darme adecuada información, sobre la familia del alcalde Paco Montés. Me encontré con que ninguna de ellas supo decirme, ni conocían quienes podían ser sus descendientes. Sí me advirtieron del hecho de que la tumba del alcalde asesinado presentaba un lamentable aspecto de abandono.
No me lo pensé y me fui camino del cementerio para comprobarlo. No me fue nada difícil localizar el panteón, uno entre los veinte que otras conocidas familias disponen para inhumar a sus deudos. En este caso, además de estar indicado en su fachada la pertenencia a la familia Montés-Vidal, el abandono lo atestiguaba que la puerta de la cripta estuviese abierta y con signos de llevar así tanto tiempo como que ahora no se podrá cerrar si no interviene un cerrajero.
En la lápida sepulcral del que fuera alcalde republicano de Ontinyent, que acabó siendo perseguido, detenido y ejecutado por milicianos anarquistas, no figura su condición de alcalde sino la de abogado que era su profesión. Se añadió la fecha de su asesinato y un escueto mensaje: “Víctima de la revolución. 29 de diciembre de 1936”.
El alcalde Paco Montés aparece mencionado en uno de los documentos publicados por LOCLAR a lo largo del pasado mes de marzo y que pueden ser consultados en www.loclar.es. Uno de esos textos es una nota en la que se recogen acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo del Frente Popular, y en la que textualmente se lee: “Sobre la detención de Francisco Montes, que se encarhue (sic) de este asunto de averiguación el Comité de Guerra para que pueda traer (aparece tachado) llevar alguna orientación a este caso, para llegar a la detención, en la forma mas que menos pasos nos cueste y de una manera concreta, esté donde esté, para esto se encarga el Comité de Guerra, quien hará las diligencias pertinentes”.
Dado que este documento, aunque sin fecha, sí aparece junto con otros datados en la segunda mitad de 1936, es razonable considerar que no habrían de pasar muchas semanas para que el Frente Popular de Ontinyent alcanzase su objetivo de detener al alcalde Montés, al que sometieron a un simulacro de juicio-farsa en el que acordaron su muerte, que ejecutaron el 29 de diciembre de 1936.
Hasta ahí la historia de unos hechos que no parece que puedan ser objeto de ninguna impugnación ni desmentido por parte de quienes tratan de negar todo tipo de responsabilidades a la II República, como con no poca vehemencia apuntaba Matías Alonso, en un artículo publicado en Levante y del que me hice eco en el Carrer Major de la pasada semana: “La República no mató a nadie”. Lo dice el que es presidente del Grupo para la Recuperación de la memoria Histórica de la Comunidad Valenciana. Comisión Cívica por la memoria y la Dignidad”.
Volvamos al panteón de la familia Montés-Vidal. Sean cuales sean las motivos o circunstancias que han producido el abandono del mismo, parece razonable que en el caso de que los descendientes del que fuera alcalde, pudiendo ser avisadas no se implicasen en su inmediato adecentamiento, corresponda al Ayuntamiento, por obvias razones, asumir esa responsabilidad.
