En el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, con el que concurrió a las Elecciones Generales del 23 de julio 2023, no figuraba, ni por el forro, propuesta alguna relacionada con la concesión de una generosa amnistía a todos los implicados tanto en la celebración del ilegal referéndum del 1 de octubre, como en la proclamación de la república de Cataluña. Menos aún para instigadores y actores de los violentos sucesos, el conocido como tsunami democràtic, que el Tribunal Supremo, por unanimidad, considera terrorismo.
Quiso el resultado electoral del 23-J que el Partido Socialista, aun habiendo sido sobrepasado en votos y escaños por el Partido Popular, pudiese trajinarse apoyos suficientes para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Para conseguirlos, el candidato tuvo que recurrir a los votos de toda la izquierda, ultraizquierda, los separatistas vascos y catalanes y el PNV, partido que no pierde ocasión de ordeñar la vaca del Estado.
En anteriores legislaturas, el inútil diputado de Joan Baldoví -- dicho sea en términos de obtención de réditos para la Comunidad Valenciana--- no consiguió beneficio alguno para nuestra tierra. Tampoco en esta ocasión el voto de Compromís (Àgueda Micó Micó), diluido en medio del marasmo que es Sumar, está logrando algún beneficio para los intereses de los valencianos. Ni tampoco por parte de los otros diputados “valencianos”, los sumados Alberto Ibáñez, Nahuel González y Txema Guijarro.
Sin embargo, los diputados, diputadas y diputades de Junts, tan pronto como vieron que sus votos le eran imprescindibles a Sánchez por seguir en La Moncloa y el Falcon, le reclamaron la Luna en forma de amnistía. Y así, partido a partido, chantaje a chantaje, han conseguido todo lo que se propusieron. Porque el marido de Begoña Sánchez, con tal de mantenerse en el cargo, ha demostrado unas tragaderas como nadie ha tenido en nuestra historia.
Conceder la amnistía, incluyendo al prófugo Puigdemont, era hacer exactamente lo contrario que, hasta la víspera de las elecciones del pasado julio, había afirmado con no poca prosopopeya la mitad de los actuales ministros; el propio presidente del Gobierno; la presidente del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y otros altos cargos socialistas.
Pedro Sánchez, que se puso retador cuando afirmó que traería a España Carles Puigdemont para que se sometiese a la Justicia, será quien le facilite la vuelta. Y si quiere hacerlo en su Falcon, también. Y no por hacer de la necesidad virtud, como vino a decir quine tanta facilidad tiene para llevarse la contraria, sino por pura necedad, tragándose todas sus palabras y compromisos, que tienen el mismo valor que un duro sevillano. Si Europa no lo remedia, evita la farsa, y nos salva del oprobio, el huido en el maletero volverá para proclamar exultante y triunfador su “ja soc aquí”.
Estudios y sondeos serios, lo que quiere decir que no los ha hecho el CIS de Tezanos, dan cuenta que el sesenta y cuatro por ciento de los españoles está en contra de la concesión de tan prevaricadora amnistía. Y que incluso la mitad de los votantes del Partido Socialista también repudia tan extraordinaria como inmerecida –y hasta anteayer de lo más inconstitucional-- medida de gracia que, conviene reiterarlo, no fue propuesta a los electores en su programa, ni por el forro.
Me pregunto hoy, en que la oprobiosa amnistía ha comenzado a sustanciarse, ¿qué piensan los 6.586 electores ontinyentins que depositaron la papeleta del PSOE en las urnas del 23 de julio? ¿Y los 4.646 que lo hicieron por Sumar-Compromís, grupo que también está por tragar con la amnistía, a cambio de una palmada en la espalda y sin obtener provecho como todos los demás grupos si han ido consiguiendo? Sumar Compromís ha hecho de la necesidad de Sánchez pésimo negocio. Que no otra cosa es la simpleza de regalar sus votos a cambio de nada. Como sumo, que alguien de Junts les sonría al cruzarse por los pasillos del Congreso.
