Alrededor del 14 de abril se han vuelto a avivar recuerdos, izar banderas tricolores, rendir homenajes, azuzar rencores, publicar estudios y críticas que tienen que ver con el advenimiento de la II República Española en 1931. Un régimen nacido de una contradictoria interpretación de los resultados de las elecciones municipales celebradas dos días antes, que se quiso convertir en plebiscitarias. Noventa y tres años después no se ha conseguido conocer, pese intentos de historiadores y estadísticos, el exacto número de votos que obtuvieron las candidaturas que a efectos contables podemos dividir en monárquicas y republicanas. Sí que hay coincidencia en reconocer que el número de concejales monárquicos fue superior al de republicanos, del mismo modo de que en las ciudades con mayor número de habitantes y en las principales capitales de provincia, las candidaturas republicanas fueron las más votadas.
Estos hechos, unido a la debilidad de la desgastada monarquía de Alfonso XIII, muy cuestionada incluso por mandos del Ejército, por el elevado coste en vidas de jóvenes soldados y material en la guerra contra Marruecos, así como por la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), fueron decisivos para que los partidarios de la República, alentados por las multitudinarias manifestaciones en su favor, la proclamasen, al tiempo que el Rey, sintiéndose desasistido por buena parte del generalato,  decidiese abandonar y se exiliase a Roma.

En Ontinyent, la candidatura encabezada por Francisco Montés Tormo, el PURA (Partido Unión Republicana Autonomista) obtuvo 13 de los 19 concejales. Hago mención explícita del caso de Montés, porque cinco años después (diciembre de 1936) él sería una víctima más, asesinado por milicianos del Frente Popular.
Desde que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobase la primera de las leyes denominadas de memoria histórica en 2007, las polémicas surgidas en su defensa y demonización se han sucedido. Pedro Sánchez en octubre de 2022 reactivaba la cuestión con una nueva ley con el indisimulado propósito de agitar el recuerdo del franquismo – convertido en comodín a su conveniencia-- y, ya sin recato alguno por su parte, convertir la memoria histórica en un muro que se interpusiese entre derecha e izquierda haciendo más difícil y enconada la convivencia entre españoles.

En las últimas semanas, las noticias de que en varias autonomías gobernadas por PP-VOX, entre ellas la Comunidad Valenciana, se van a tramitar leyes que han denominado de concordia, ha provocado una estentórea reacción por parte de la izquierda y ultraizquierda, tal como ayer mismo se vio en las Cortes Valencianas. Desde el gobierno de Sánchez y sus terminales mediáticas afines, se han lanzado toda clase de dicterios rechazándolas y colgándoles el sambenito de que con ellas se pretende blanquear el franquismo. Estas leyes quieren ampliar el periodo de reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política en España, desde 1931 hasta nuestros días, incluyendo las provocadas por el terrorismo islámico y ETA.

La mención hecha del caso del que fuera alcalde de nuestra ciudad, Francisco Montés Tormo, obedece a la necesidad de poner de manifiesto la sanguinaria crueldad practicada por quienes tomaron el poder en Ontinyent tras el comienzo de la guerra civil. Fueron numerosas, cerca de un centenar, las ejecuciones de aquellos que los milicianos, ya instalados en un anárquico poder, consideraban facciosos, desleales con la república, católicos, sacerdotes y religiosos, empresarios, personas con posibles. Sin que tampoco faltasen venganzas por deudas de por medio, saldadas de la peor manera posible. Entre otros asesinados, el alcalde Paco Montés.
Me llama poderosamente la atención que a la hora de hacer balance de lo que supuso la II República, la propaganda que ensalza sus logros, ignore todos sus deméritos y fracasos, entre los que cabe incluir,  quemas de iglesias y conventos, destrucción de archivos, incautaciones de bienes,  ajustes de cuentas y numerosos asesinatos, sobre todo los perpetrados al comienzo de la guerra civil. Por mucha que sea la amnesia sobrevenida, o por espurios intereses, no se pueden ignorar esos hechos.

En un artículo de Matías Alonso Blasco, publicado en el diario Levante el viernes 12 de abril, después de manifestarse abiertamente en contra de la ley de concordia, acusa a sus promotores de basarse “en manipulaciones como reconocer a las víctimas de la República cuando la República no mató a nadie”. Que tal afirmación la haga quien es presidente del Grupo para la Recuperación de la memoria Histórica de la Comunidad Valenciana. Comisión Cívica por la memoria y la Dignidad”, no deja de ser sorprendente y provocar perplejidad.

Parece que el entendimiento sobre nuestro pasado, al que en un histórico momento pareció que nos acercábamos, como lo fue la reconciliación nacida del generoso empeño de una transición y el alumbramiento de una Constitución de todos y para todos, vuelve a estar lejos.
La recuperación de los restos de todos los asesinados y su identificación debe ser compromiso y tarea que no excluya a ninguna de las víctimas. Hacerse una foto con sus restos, como la exhibida impúdicamente por Pedro Sánchez en su visita al Valle de los Caídos/Cuelgamuros, no parece lo más apropiado ni decente.